El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Islas (Fecai) garantizaron ayer su "compromiso" de conseguir sacar adelante los planes hidrológicos insulares en septiembre de 2018, para así evitar la sanción de la Unión Europea (UE).

De esta manera lo avanzaron a los periodistas a la salida de una reunión de coordinación entre ambas instituciones. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, quien también estuvo presente en la reunión, insistió en que se hará "todo lo que se tenga que hacer", ya que el "riesgo sigue ahí" porque el plazo inicial se incumplió, pero ha sido prorrogado por la Comisión Europea.

El consejero remarcó que si la UE multa a Canarias también afectará al conjunto del Estado, con pérdidas iniciales, solo de fondos estructurales, valoradas en 150 millones, resaltando que a posteriori, una suspensión de pagos "afectaría muchísimo más".

Asimismo, señaló que La Gomera, La Palma y Tenerife tienen los trabajos de segundo ciclo más avanzados y el resto de las islas están retrasadas, pero insistió en que esta nueva planificación "atañe a todas las islas".

El Ejecutivo adjudicó la redacción y elaboración de los planes a la empresa pública "Tragsatec" 1,5 millones, y durante el proceso habrá "colaboración mutua" con los Consejos Insulares de Aguas, con quienes se firmarán convenios que tengan en cuenta las "singularidades" de cada isla.

El presidente de la Fecai, Anselmo Pestana, por su parte, señaló que la redacción de los planes es un "objetivo común" del Gobierno y los cabildos. De esta manera, también dejó claro que "da igual quien los tramite", ya que lo importante es que estén aprobados y se evite la pérdida de fondos comunitarios.

En ese sentido, comentó que los planes "no se harán de espaldas" a los consejos insulares de aguas, sino que serán fruto de un "trabajo conjunto". "Los aprobará el Gobierno de Canarias pero lo importante es que el contenido lo apoyemos todos", destacó

Según Pestana, están en juego "subvenciones importantísimas" para el mantenimiento del sector primario o el desarrollo rural, y resaltó que si Canarias "incumple", el Estado podría verse afectado.