Los grupos parlamentarios han coincidido hoy en la necesidad de regular la actividad turística de alquiler vacacional, si bien no en la forma de hacerlo, y la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, María Teresa Lorenzo, ha dicho que para ello tiene un modelo de decreto o modificación de ley turística.

Durante la comparecencia de la consejera en el pleno del Parlamento de Canarias a petición de los grupos Popular y Nueva Canarias para hablar de la modificación del decreto por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de Canarias, María Teresa Lorenzo ha insistido en lo complicado que es reconciliar los legítimos intereses de las partes implicadas.

La diputada del grupo Popular Astrid Pérez ha reconocido que siente cierta frustración porque el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, dijo en abril de 2015 que, con carácter urgente, se modificaría el citado decreto.

Y sin embargo, ha añadido la diputada popular, dos años después "no hay manera" de saber cómo se hará la modificación, y ha señalado que la vivienda vacacional no se puede afrontar son modelos anacrónicos, por lo que es preciso adaptarse a la transformación.

Astrid Pérez ha opinado que no queda otra que regular el alquiler vacacional, de forma que haya redistribución de la riqueza y ha criticado que el gobierno "sólo ha hecho que imponer su modelo anacrónico del todo incluido".

El portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha criticado que el decreto fue aprobado por el gobierno canario "tarde y mal" y ha apostado por un modelo turístico altamente profesionalizado, de mucha calidad, que genere empleo digno, y ha reiterado que no cree en la cantidad y sí en la calidad.

Román Rodríguez puso como ejemplo la ciudad de Barcelona para que no haya viviendas de alquiler vacacional especulativo y ha preguntado cuántas de las 30.000 viviendas que en Canarias utilizan esa modalidad pagan impuestos.

Ha insistido en que al igual que en un quinto B no puede haber una carnicería tampoco una vivienda turística, y ha reconocido que le parece oportuno el recurso del gobierno canario a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ha anulado cuatro preceptos del decreto del Gobierno de Canarias que regula la vivienda de alquiler vacacional.

Entre los preceptos anulados está la prohibición de ofrecer servicios alojativos con fines turísticos en viviendas situadas en zonas turísticas o suelos de uso mixto.

La consejera de Turismo, María Teresa Lorenzo, ha explicado que al presentar el recurso se evita que entre en vigor el precepto y ha dicho que en la próxima regulación se estudia incluir cuestiones como un estándar de ordenación, así como la cesión por habitaciones, pero ha recordado que se trata de propuestas.

María Teresa Lorenzo ha explicado que también hay que responder en el decreto a situaciones como conseguir que esas viviendas respondan a prácticas sostenibles, así como que cumplan con toda la normativa de la comunidad autónoma y un registro de las viviendas y que haya total transparencia.

El uso de viviendas vacacionales en siete años ha aumentado de forma "extraordinaria" y se ha centrado en estancias de muy corta y corta estancia, ha comentado la consejera, quien ha reconocido que se trata de un fenómeno mundial.

Ha explicado la consejera que este tipo de servicio turístico fue demandado el pasado año por en torno a 1.209.000 turistas de los casi 15 millones que viajaron a las islas, el 8,61 por ciento, y ha añadido se ha producido un descenso respecto a 2015, cuando se situó en casi el 10 por ciento.

El 61 por ciento de la cuota de anunciantes correspondió a dos plataformas, que dejan fuera los ingresos, ha indicado la consejera, quien ha añadido que el 83 por ciento de las camas que se ofrecen lo son por negocios de comercialización.

La oferta ha sido el pasado año de casi 30.000 viviendas, con lo que se ha producido un aumento en torno al 6 por ciento, con lo que "no hay boom", y por islas Tenerife es la que más tiene, seguida de Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.

La diputada de Podemos Asunción Delgado ha afirmado que en Canarias no está prohibido este tipo de alojamiento turístico y ha considerado una "atrocidad" la actuación de los agentes que el gobierno canario envía para denunciar este tipo de turismo, pues, ha añadido la comunidad autónoma no tiente competencias para hacerlo.

Asunción Delgado ha afirmado que además se vulnera la Constitución con el decreto del gobierno canario y ha criticado el recurso presentado por el ejecutivo, para reclamar una regulación que beneficie al máximo número de personas en toda Canarias, y apuntó la posibilidad de limitar a dos el número de propiedades por persona.

La diputada de Podemos ha señalado asimismo que esta actividad no debe ser profesionaliza y debe declararse en el IRPF como rendimiento inmobiliario, y también ha apostado por limitar el número de turistas para evitar la masificación.

La diputada del grupo Socialista Rosa Bella Cabrera ha indicado que el gobierno canario tiene un "papelón" por la dificultad de conciliar todas las opiniones, y ha reclamado que se regule la actividad con el mayor consenso posible.

El diputado del grupo Nacionalista David de la Hoz ha señalado que esta modalidad turística esta regulada, si bien ha reconocido que el decreto "ha sido tumbado" en los juzgados, y también ha apostado por la sostenibilidad del destino.