La falta de recursos sociosanitarios, que lleva a que muchas de las personas valoradas como dependientes engrosen las listas de espera por una plaza pública, es uno de los factores que lastran en Canarias el desarrollo de la Ley de Dependencia.
Esta es una de las razones que explican la gran diferencia que existe entre los 34.894 usuarios que, hasta finales de abril, contaban en Canarias con una resolución de grado, es decir, a las que se habían diagnosticado en función de su limitación, y las 16.917 que figuran como beneficiarias de un servicio o prestación al amparo de esta ley, que entró en vigor en 2007.
Así lo explicó ayer la consejera regional de Políticas Sociales, Cristina Valido (CC), junto a técnicos de este departamento en una jornada técnica sobre el funcionamiento del sistema de dependencia dirigida a medios de comunicación.
Valido explicó que no todos los usuarios que ya han sido valorados con un grado de dependencia figuran como beneficiarios por diversas razones.
Algunos han sido catalogados como personas no dependientes, concretamente 5.113 de los 34.894 que cuentan con una valoración.
Otros han sido considerados dependientes de grado I, colectivo para el que la ley entró en vigor en julio de 2015.
A estas situaciones se añaden los desestimientos de personas que no están de acuerdo con el recurso o la ayuda asignada por el personal que ha valorado su grado de dependencia; las personas que, por su nivel de renta, no tienen derecho a prestación alguna; además del parón que ha sufrido la ejecución de esta ley por los ajustes presupuestarios aplicados en los últimos años de crisis económica. En cualquier caso, los técnicos de la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno canario destacan que el Archipiélago ha sido hasta abril la segunda comunidad autónoma que más altas de beneficiarios ha registrado, al contabilizar 1.073 frente a las 569 del mismo periodo de 2016. Esto ha supuesto un coste económico de 1,6 millones de euros, frente a los 494.207 de los 4 meses de 2016.