El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se pronunció ayer sobre la polémica ubicación de la ciudad de la justicia de Tenerife y lo hizo para pedir que se logre un acuerdo desde el diálogo, pero anteponiendo el interés general. A preguntas del portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, el jefe del Ejecutivo resaltó los esfuerzos que, a su juicio, está haciendo el consejero del área, José Miguel Barragán, para consensuar con las administraciones y partes implicadas la localización de las nuevas dependencias y, si bien no se mojó en exceso, sí dejó caer que hay claras dificultades de disponibilidad de suelo en Cabo Llanos que han hecho que los técnicos y, por ende, la consejería se decanten por la zona de El Sobradillo.

No obstante, Clavijo se mostró receptivo a que otras administraciones cedan el suelo necesario en Cabo Llanos. Eso sí, insistió en que debe primar siempre el interés general, en que no se prevé más gasto para adquirir nuevo suelo mediante las arcas regionales y que parte del rechazo puede obedecer a inversiones de particulares en la zona baja de Santa Cruz, así como a una cuestión de comodidad por una movilidad que se entiende mayor y más molesta hacia El Sobradillo que en Cabo Llanos.

El presidente abrió el turno vespertino del pleno tras un cambio en el orden del día. Aunque había mucha expectación por lo que diría sobre la ciudad judicial, los intercambios más intensos los tuvo con la presidenta del grupo del PSOE, Patricia Hernández, y la portavoz de Podemos, Noemí Santana, por el mismo motivo: su reciente realce, ante inversores y empresarios en Barcelona, de los menores costes laborales en Canarias como atributo para atraer capital, proyectos e inversiones. Tanto Hernández como Santana le criticaron con dureza lo que entienden una actitud impropia e indigna de un presidente que presume de los perjuicios laborales que sufren los, sin embargo, bien formados canarios, pero Clavijo insistió en diferenciar "coste laboral" de "bajos salarios" porque, "para competir con Marruecos, por ejemplo", hay que resaltar los atractivos tributarios, instrumentos como la ZEC y otras condiciones que hagan preferible al Archipiélago.

Además, Antona (PP) le recriminó el retraso de Canarias en el índice de regiones competitivas de la UE, tabla que Clavijo no cree conmensurable para las RUP, y Román Rodríguez (NC) insistió en apostar por un turismo sostenible, de renovación y calidad.

Quizás en una de sus últimas intervenciones en una cámara que vio nacer en los albores de la actual autonomía, el expresidente regional, exministro y que vive sus últimos días (tras 5 años) como Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, presentó ayer a los diputados su balance de 2016, que ya detalló en comisión y presentó a los medios. En una intervención a la que se quedó Clavijo y la mayoría de diputados (aunque no Antona), resaltó el aumento de las resoluciones sobre 2015 y el hecho de que solo el 13% no fueran aceptadas. Asimismo, alertó de los perjuicios que para las arcas públicas suponen los retrasos en resolver cuestiones por indemnizaciones a los afectados. También lamentó la falta de dinero y empleados para Dependencia, con expedientes que tardan 5 años, y recalcó que se debe mejorar mucho la gestión (por ejemplo, en atención a domicilio).

El pleno, además, permitió que Podemos criticara que se puedan declarar de interés insular 11 proyectos turísticos para La Palma que el Supremo ha impedido por anular el plan de la Isla, lo que defiende la consejera de Política Territorial si se hace desde la ley, el consenso de los palmeros y el respeto al medio. Asimismo, Cristina Valido detalló los motivos del cierre cautelar del geriátrico Sor María de Jesús, en Güímar, y Águeda Montelongo aprovechó la ausencia de especialista en Oncología en el Hospital de Fuerteventura para criticar al consejero de Sanidad pero, sobre todo, que no se usara el Fdcan para estos gastos, fondo que, sin embargo, le desbloqueó al final el PP a CC cuando se había quedado sola en la comisión previa al pleno.

Nuevo rifirrafe de Dávila y Lavandera sobre fraude

En ausencia de Clavijo, la sesión hasta el descanso para almorzar fue mucho más tediosa que en otras ocasiones. De los enfrentamientos, destacó el que volvieron a tener la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y el portavoz del PSOE, Iñaki Lavandera, quien le pidió que se plantee si no es ella la causante "de lo mal que está su consejería". El diputado majorero le preguntó por la lucha contra el fraude y el REF y le reprochó las cifras en descenso y la reducción de dos miembros del personal que se ocupa de esta materia. Dávila, por el contrario, detalló los porcentajes de recaudación en el primer cuatrimestre, aseguró que se ha alcanzado una media del 34% (220,8 millones), por encima del de 2016, y creyó responder a Lavandera. Sin embargo, el socialista afirmó que, en esta lucha, "tiene la misma credibilidad credibilidad que el ministro de Justicia con Anticorrupción", aparte de recalcar que la Agencia Tributaria nacional sí ha aumentado su recaudación por fraude en las Islas en esa etapa.

Reverón (PP) insiste con los ahogamientos

Aunque la consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto, advirtió del error de comparar las cifras que se dan en Canarias con las de la Península y en que se debe evitar el alarmismo, el PP aprovechó el turno de preguntas para abordar, de nuevo, el altísimo número de ahogamientos que se dan en la Islas en los últimos años. La diputada Luz Reverón cree que no se están adoptando las medidas adecuadas y suficientes, sobre todo en playas y zonas de baño no vigiladas, y avisó de la cercanía del verano y de que, en lo que va de 2017, hayan fallecido ya 27 personas, de un total de 111 en el Estado. Además, recalcó que muchos tiene más de 25 años y son residentes y pidió acciones urgentes. La consejera recordó que trabajan con la Fecam en la elaboración de un catálogo que incluya catalogaciones de "prohibido, permitido y libre", resaltó que en las Islas se va al litoral todo el año y negó desidia en esto.

Protocolos de Educación y Salud para transexuales

A preguntas del PSOE, la consejera de Asuntos Sociales, Cristina Valido (CC), agradeció el trabajo previo sobre el desarrollo reglamentario de la Ley de no discriminación de transexuales y dijo que, de los protocolos previstos, los más avanzados son los de Educación y Salud, si bien el de Empleo puede aún retrasarse un poco.