El Parlamento de Canarias aborda desde mañana la legalización del uso terapéutico del cannabis, en una iniciativa impulsada por el PSOE, a partir de la insistencia de los grupos y asociaciones del consumo de esta planta de las Islas, y que apoya CC, Podemos, NC y ASG. El único partido que no se ha sumado a la Proposición No de Ley (PNL) que se analizará en la comisión de Sanidad es el PP, si bien hay dudas sobre si se abstendrá o votará en contra, ya que existen visiones en este partido, al menos a título individual, no coincidentes cobre esta cuestión y hasta políticos del partido, afectados por el cáncer, que lo promueven en comunidades como Cantabria.
La propuesta la ha elaborado el diputado socialista Iñaki Lavandera tras entrevistarse con diversas asociaciones. Su texto propositivo incluye cuatro puntos y comienza con la invitación del Parlamento a dichos clubes a que, hasta que exista una regulación estatal sobre esta materia, "establezcan mecanismos de autorregulación, buenas prácticas y colaboración con la administración".
Asimismo, se pide al Gobierno regional a que inste al central y a las Cortes a "promover avances sólidos, tanto en la regulación como en una interpretación jurídica consistente, que permitan progresas de un modo decidido, como están haciendo otros países (EEUU es un creciente ejemplo en ciertos estados), por la senda de regular el consumo del cannabis, siempre desde la perspectiva de que es un producto que conlleva riesgos para la salud".
La PNL también conmina a la Cámara regional a solicitarle al Gobierno que preside Fernando Clavijo a presentar en esta comisión de Sanidad un informe de evaluación de las políticas de prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación de las adicciones en Canarias, con especificidad de las relacionadas con el cannabis". Siendo estos tres muy relevantes, la clave es el cuarto punto, en el que se insta también al Ejecutivo autonómico a presentar en la comisión de Sanidad "un estudio y regulación del uso medicinal de los cannabinoides de origen natural, en aras a favorecer los efectos terapéuticos que sobre la salud de nuestros ciudadanos poseen".
En su argumentario, la PNL recuerda que la primera vez que se aprobó el uso medicinal del cannabis fue en 2001, cuando lo hizo el Parlamento catalán. En concreto, se aludía al cáñamo indico ("Cannabis sativa") y se le pedía al Gobierno central que hiciera lo mismo. Un año después, Cataluña respaldó un proyecto de investigación de su uso terapéutico y, ahora, el País Vasco ha retomado, por unanimidad, los trabajos para estudiar esta materia y regular los clubes, que mueven en España casi unos 280 millones de euros al año. Así, y con canarias en la misma línea, en Euskadi se busca una normativa para dar mayor seguridad legal a esas asociaciones y a las personas que recurrían a ellas para usos medicinales.
"Es mejor ordenar que prohibir", la clave
Los que rechazan de llano no solo la legalización del uso medicinal del cannabis, sino cualquier otro, hablan siempre de las consecuencias del consumo de cualquier droga, aparte de que parece que se estaría invitando a incrementar su utilización. Sin embargo, los que defensores esgrimen que hay otras sustancias consideradas drogas que sí son legales (alcohol, tabaco...) y que lo único que ha ocurrido con la ilegalización es que exista una economía sumergida, sin control y problemas legales con el cannabis porque los propios enfermos e instituciones que saben de sus efectos positivos en ciertas enfermedades deben recurrir al mercado negro o a situaciones casi surrealistas. Además, recalcan que los últimos estudios cuestionan los que daban por hecho que solo había efectos negativos.
La PNL resume este debate con una frase del consejero de Sanidad del País Vasco, que asegura que "es mejor ordenar que prohibir". En este sentido, y según las asociaciones, la PNL canaria dará garantías a los clubes para sus cultivos, consumo y venta, de manera que aflorará una actividad siempre existente que, aunque no se regule, seguirá dándose porque es quimérico que deje de haber demanda. De hecho, la PNL insiste en que la política de la "criminalización y persecución policial y judicial" ha demostrado su fracaso "de forma rotunda en el mundo", lo que aconseja cambiar el enfoque y apostar por la reducción máxima de los riesgos y daños del consumo. De ahí que, por ejemplo, se llame la atención que, si bien en otros países está regulado, ahora en España se puede plantar, aunque sea ilegal, pero no tiene consecuencias penales ni se puede sancionar siempre que se haga en un ámbito privado y no visible. Esta contradicción, sin embargo, no soluciona la inseguridad jurídica y de ahí que se quiera dar un paso más allá y afrontar el problema global. Además, se resalta la creciente cifrade clubes en Canarias (124), su condición de entidades sin ánimo de lucro y la necesidad de ordenarlas pues luchan y reducen la delincuencia, crean empleo e ingresos para el Estado.