Julio Pérez, exsecretario de Justicia, exdiputado regional por el PSOE, exedil de Santa Cruz y muchos otro cargos institucionales y de su partido, expuso ayer su visión de la reforma electoral que aborda el Parlamento autonómico y prácticamente calcó la propuesta que hasta ahora han planteado los socialistas. Eso sí, añadió que, si por él fuera y como ya trabajó desde 2004 a 2007 en una comisión solo gubernamental por este asunto, iría más allá y apostaría por más diputados en una lista regional. Sin embargo, y porque el nuevo Estatuto que ya se tramita en Madrid incluye una lista autonómica de diez nuevos escaños, por temor a que un número mayor suponga que ese texto tenga que volver a la Cámara canaria y, por tanto, en aras del pragmatismo, de la operatividad y de que la reforma se pueda estrenar en 2019, defiende que se limite a 9 nuevos representantes, ya que uno habría que añadírselo a Fuerteventura por su aumento poblacional.
Pérez apuntó que, en su momento y aunque fuera teóricamente, barajó un Parlamento de 75, con 5 por isla (35) y, el resto, una plancha regional de 40. No obstante, considera que lo más inteligente en estas circunstancias es aprovechar el estatuto remitido a las Cortes y, aunque no se corrija del todo la desproporción existente entre población y territorio, sí cree que es un paso "porque 9 diputados es mucho más que nada", en respuesta a una pregunta de Concepción Monzón (podemos), quien sostiene que esa lista regional de 9 o 10 seguiría siendo muy corta para acercarse a un sistema más justo y representativo.
A diferencia de otros ponentes que creen que no hay motivos para cambios importantes, el que fue presentado por Antonio Castro como uno de los padres de la autonomía y persona relevante también en la Transición sí considera que la situación ha cambiado mucho respecto a 1982 y que existe desafección respecto al sistema y cierta deslegitimación que supone un evidente riesgo ate un panorama mundial en el que se pone en tela de juicio de forma creciente la representatividad democrática y surgen fenómenos como el de Erdogán, Putin o Trump.
Sobre las barreras, considera también que hubo un exceso en 1996 y plantea volver a los topes del 82: con un 3% regional y, eso sí, un 20% insular, cinco puntos más que el 15% barajado mayormente por los grupos. En todo momento, insistió en que los sistemas no dejan de ser meros instrumentos y que lo que sí deben hacer es facilitar una gobernación estable de Canarias en su conjunto. Por eso, cree que una lista autonómica reforzaría la visión regionalista.
Frente a ASG, remarcó que la democracia es siempre perfectible y que, por legítimo y adecuado que haya sido el sistema en su día (dada la historia o el pleito insular entre las dos capitales), tiene claro que debe actualizarse. No obstante, y loando lo logrado, afirmó que el sistema ha propiciado muchos líderes en islas no capitalinas y que la voz de esos isleños esté en el Parlamento para siempre porque "nadie la va a callar". A su juicio, y a preguntas de Antona (PP), con una lista regional no se crearían diputados de dos clases, ya que eso no ha ocurrido con los senadores y, aunque no lo considera imprescindible, si de él dependiera y tuviera que aconsejar en el PSOE, el candidato a la presidencia encabezaría esa plancha.
Villar califica lo vigente de "justo y democrático"
Sin duda, la intervención que más morbo y polémica suscitó ayer (y no solo ayer) fue la de Francisco Villar, profesor de Derecho Administrativo de la ULL. Su condición de redactor clave de leyes como la nueva del suelo o la pretendida de los barrancos de Güímar, así como ser invitado por CC, fue aprovechado por Santana (Podemos) para ironizar sobre su capacidad para opinar de todo y, por supuesto, para discrepar de su planteamiento. Unas tesis que, si bien dejó claro que la Cámara tiene derecho a cambiar lo que crea, se fundamentan en que no existen motivos para modificar un sistema que equilibra el hecho insular y unas singularidades que no solo originan un modelo electoral único, sino que derivan en el REF, los cabildos o la gestión del agua. Por eso, y aunque entendería que bajaran las barreras, defiende que se mantenga todo como está, recalcando que surge de abajo a arriba (de las islas a lo regional) y que los intentos contrarios fracasaron desde la Constitución de Cádiz (1812). A su juicio, y agarrándose al fallo del Constitucional, el sistema es "justo, democrático, proporcional y plenamente válido", con una sobrerrepresentación justificada en pro de las minorías. Es más, cree que, lejos de corregirse, otros modelos deberían copiarlo por cómo trata a los débiles (islas no capitalinas). En respuesta a Podemos, dijo también que es representativo, no territorial, pero con una dicotomía entre "poblaciones minoritarias y mayoritarias". Cree que lo insular no ha debilitado lo regional y recalcó que las universidades u hospitales siguen en Tenerife y Gran Canaria. Por eso, no apoya la lista regional por "alejarse del ciudadano", porque no la hay al Congreso o la UE y porque originaría escaños de diverso grado, aparte de que se discutiría si unos pueden votar leyes regionales o insulares. Aunque CC, PP y PSC elogiaron su bagaje, no entró mucho al envite de Santana y solo dijo que era reflejo de su curriculum y de que se hace mayor.
Matices claves sobre 1982 y Fuerteventura
De su intervención, destacó también su matiz sobre cómo compensar a Fuerteventura, ya que, a su juicio, debe hacerse respecto a los 30 diputados de la Provincia de Las Palmas porque, en su día, así se hizo con La Palma y la tinerfeña. Además, recordó que, en 1982, la población de las islas grandes era el 88% del total, frente al 83% actual, con lo que debilita la justificación poblacional.