Las administraciones públicas desoyen la recomendación del Diputado del Común de no abusar de los embargos de cuentas para cobrar deudas tributarias que no han sido debidamente notificadas. La institución que todavía encabeza Jerónimo Saavedra -quien ya ha anunciado que dejará el cargo- ha incluido en su último informe anual, referido a 2016, esta queja, de la que ya se había hecho en ocasiones anteriores.
"Se ha seguido incrementando el número de quejas relativas a embargos en cuenta corriente por la vía de apremio, generalmente tras un procedimiento irregular en cuanto a las notificaciones, tanto de las liquidaciones tributarias como de las sanciones administrativas, generalmente multas de tráfico, con lo que el interesado la primera noticia que tiene es cuando se le detraen cantidades de su cuenta corriente", expone el defensor del pueblo canario, para el que lo "más preocupante" es que en la mayoría de los casos estas prácticas se producen "sobre sueldos y pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional".
Tan habitual es esta costumbre que la intervención del Diputado del Común permitió que las administraciones públicas del Archipiélago devolvieran o reconocieran el derecho al cobro de los ciudadanos de más de 611.000 euros. Los ayuntamientos son la institución de la que más dinero se recuperó por este motivo -342.700 euros-, seguidos por el Gobierno regional -258.800-. Los cabildos y las entidades de gestión tributaria de Tenerife y Gran Canaria suman unos 10.000 euros.
Según el comisionado, las administraciones públicas canarias "tienen que ser más rigurosas en las notificaciones e intentarlas en el domicilio correcto, cuando este consta en el mismo expediente administrativo, o acceder a ellos al disponer de medios técnicos, o requerir la colaboración de otras administraciones".
La falta de rigor que ha caracterizado hasta ahora estos procedimientos se traduce en que las instituciones siguen utilizando "de forma recurrente" el mecanismo de las notificaciones por comparecencia, publicándolas en los boletines oficiales y no comunicándolas de forma directa a los interesados, que se encuentran posteriormente con sus cuentas embargadas, incluyendo los recargos e intereses correspondientes.
"Asimismo, es preocupante el incremento de embargos de sueldos y salarios o prestaciones sociales más allá de los límites fijados por el ordenamiento jurídico vigente, máxime en las circunstancias económicas actuales", concluye Jerónimo Saavedra en su informe.