Canarias cuenta ahora con unos 17.000 dependientes atendidos cuando, con una población similar, regiones como el País Vasco (30.000 habitantes más) cumplen con la ley con un total de 56.000 personas (5.000 más del triple) y Castilla La Mancha, con menos población, alcanza ya a los 41.000 beneficiarios (5.000 más del doble). Así lo detalló ayer a diputada del PP en la comparecencia que le solicitó a la consejera del área social, Cristina Valido, en la que volvió a exigir que estas competencias pasen a los cabildos ante la "fracasada" gestión.
Luzardo aludió también al ejemplo de Castilla León, donde, si bien la población es de 300.000 habitantes más que en Canarias (2,5 millones), la atención a la dependencia llega ya a 84.000 beneficiarios. Una cantidad que, en proporción, supone cuadruplicar de forma holgada la de aquí.
Luzardo lamentó que, en 2016, un millar de canarios muriesen sin recibir la ayuda que le correspondían por una ley que, a su juicio, deja a las Islas en el vagón de cola en su aplicación. Aunque admite que las características de siete islas dificultan este servicio, tal y como remarcó valido, la diputada popular considera que se ha actuado muy mal, lo que prueba la espera de entre 4 y 7 años para resolver algunos expedientes, con un 45% de personas en listas de espeta y con un gasto por persona de 48 euros, cuando la media estatal se sitúa en 74. Eso sí, se alegró de que la exvicepresidenta rebajara la lista de espera en 2.900 personas tras incorporar a 22 trabajadores, pero avisó de que aún quedan 14.000 por entrar y que, en 2016, solo lo lograron 752.
Asimismo, lamentó que, ya con Valido en el área, en enero y febrero la espera ha aumentado en 303 personas, aparte de reprochar a los últimos gobiernos haber perdido 300 millones por no acogerse a fondos finalistas.
Valido subrayó que la dependencia no cuesta igual en una isla grande que en Valle Gran Rey, que se engarzó mal lo que había antes con lo que exige la ley de hace 10 años en plena crisis y, en todo caso, remarcó que los 22 trabajadores acabaron su vínculo en diciembre y que, ahora, se dispone de 36, y no 25. No obstante, insistió en que debió aplicarse antes el plan de choque, que hay pequeñas residencias inviables, que es una cuestión de estado por el envejecimiento creciente y que resultan claves los planes sociosanitarios.
El pleno se reanudó ayer con otro intercambio intenso Rosa Dávila (Hacienda) e Iñaki Lavandera (PSOE) por el cierre presupuestario, el déficit, el superávit (o no) y el gasto social. Lavandera insistió en criticar a Dávila por decretar un cierre que fue "un disparate", propiciar un superávit "vergonzoso" (que CC niega) de 20 millones cuando el déficit era del 0,33%, por no aprovechar el margen de gasto que otras regiones sí explotaron sin consecuencias y porque, pese a su empeño en ser la "campeona" del déficit, el pago medio a proveedores se incumplió, al llegarse a 32 días (el máximo es de 30). Además, insistió en que se impidió tener 157 millones más para priorizar lo social con créditos que, por cumplir el déficit, se devolverían en condiciones ventajosas. Entre otros gastos, dijo que se podía haber invertido 10 millones en educación infantil, duplicar las becas y destinar 60 millones a sanidad. Asimismo, anunció medidas para que estos cierres no dependan solo de la consejería y sean una decisión colegiada.
Dávila, como hizo su compañera Elena Luis, recalcó que ese cierre era imprescindible por la incertidumbre existente en septiembre, que había que compensar la desviación en sanidad y que, de no haberse decidido, se hubiera superado el 0,7% de déficit recomendado ("se llegaría al 0,72%) y Canarias se hubiera visto perjudicada ante el Estado. La consejera elogió al anterior líder del PSOE (José Miguel Pérez) por no cuestionar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, remarcó el gasto social (Luis aclaró que era del 80%) y que el cierre no afectó al periodo de pago, aparte de insistirle a NC en la conveniencia de que apoye los presupuestos estatales porque supondrán tener 220 millones más este año, 330 en 2018 y 550 en 2019. Además, le reprochó a Lavandera haberse quedado "anclado en el pasado", pero sin que se haya "convertido en una estatua de sal: simplemente está en el limbo".
En el pleno, además, se aprobó por unanimidad una PNL de Podemos, enmendada por el PSOE, para desarrollar un Plan de Salud Mental, otra sobre parques infantiles y una de CC en apoyo a los pensionistas procedentes de Venezuela que no están cobrando, si bien NC advirtió de lo difícil que resulta eso en un país donde el PP ha puesto en riesgo las pensiones. Asimismo, se apoyó la candidatura de Risco Caído como patrimonio mundial y una metroguagua para Las Palmas, que requiere 30 millones regionales.
Sigue la espera por el alquiler vacacional
La consejera de Turismo, María Teresa Lorenzo, tuvo ayer una mañana intensa. Diversos grupos (incluido el suyo) pidieron su comparecencia para, por ejemplo, detallar cómo sigue el proceso de modificación del decreto del alquiler vacacional. En este caso, fue requerida por el PSOE y Lorenzo no pudo concretar una fecha de presentación de propuesta, limitándose a recalcar que siguen trabajando en el borrador, que no han incumplido las PNL aprobadas y, eso sí, que se trata de una cuestión muy compleja que acabará regulada, pero que no satisfará del todo a las partes. El PP insistió en que se debe permitir estos alquileres incluso en las zonas turísticas para equilibrar los beneficios de la principal industria, Podemos mantuvo una línea similar, pero incluso planteó un máximo de 3 casas a alquilar por el mismo dueño, que haya un 10% de actividad en medianía, un 20% en poblaciones normales y un 40 en áreas turísticas, y el PSOE y NC censuraron la falta de avances, con una ASG en postura similar, pero expectante.
Visualizar la explotación a las camareras de piso
Lorenzo también escuchó críticas a la situación de las 15.000 camareras de piso de Canarias. Grupos como Podemos, NC, PP o PSOE censuran que no se cumplan resoluciones aprobadas y la consejera, como en el otro asunto, remarcó que sí están trabajando. Irónicamente, Podemos le indicó que, al igual que ha "consensuado" con los hoteleros el bloqueo del alquiler vacacional, podría convencerlos de mejorar la situación de estas trabajadoras, muchas de ellas en empresas de trabajo temporal y que son despedidas, por ejemplo, si denuncian cualquier situación, como ocurrió con una empleada presente ayer que se quemó al usar una plancha, actividad que no le correspondía.
Castro se envalentona por la ley de Islas Verdes
A petición de CC, Lorenzo volvió a subrayar la relevancia de la modificada ley de Islas Verdes para que La Palma, La Gomera y El Hierro tengan un desarrollo turístico en sintonía con sus características y apuesta por el paisaje y la agricultura. Un asunto que sorprendió por la contundente, envalentonada y, por momentos, enojada intervención de Antonio Castro ante los argumentos en contra de NC y, en especial, de Podemos, a los que acusa de desconocer por completo lo que pretenden, que no es precisamente repetir el modelo turístico de masas del resto de Islas. De hecho, subrayó que, en La Palma, quieren no más de 25.000 camas en total, con 18.000 nuevas, cifra inferior a las que tiene Pájara. Como con la ley, PP, PSC y ASG defendieron estas tesis.