El Gobierno canario y la Administración del Estado han planificado para este año un total de 25.548 inspecciones en materia laboral en las Islas, lo que supone un incremento del 6% en relación a las programadas inicialmente en 2016. Una tercera parte de estas inspecciones -8.745- irá destinada a controlar la economía sumergida.

La consejera de Empleo del Ejecutivo regional, Cristina Valido, y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guindín, presentaron ayer este programa de inspecciones, que, según sus cálculos, generarán más de 60.000 actuaciones al finalizar el año. La intensificación de esta tarea se orienta a mejorar la calidad del empleo y se centrarán en aspectos como la vigilancia de los derechos básicos de los trabajadores en materia de contratación, salarios, horario de trabajo, condiciones de seguridad, salud, igualdad y protección social, de talló la Consejería a través de un comunicado.

"En este momento en el que hablamos mucho de la creación de empleo -manifestó Valido-, hay que hacer hincapié en el empleo de calidad, en garantizar que los empleos cumplen con las condiciones de seguridad, salud, igualdad y protección social requeridas". "Es mucho más rentable cumplir con la legalidad aseveró- que trabajar de espaldas a la ley".

La consejera expuso que las campañas que se coordinan con la Inspección de Trabajo tienen "una labor preventiva, informativa, y su objetivo no es recaudar con las sanciones, sino evitar el fraude".

En cuanto a la vigilancia del cumplimiento de las condiciones de seguridad en el trabajo, enfermedades profesionales e investigación de accidentes laborales, se han fijado 5.720 inspecciones.

En materia de empleo y relaciones laborales se han planificado 4.765 órdenes, de las que cerca de 2.000 comprobarán la legalidad de los contratos y 1.235 las condiciones de trabajo. Estas inspecciones se orientan al control de la temporalidad en la contratación, la vigilancia del tiempo de trabajo, especialmente los excesos de jornada y contratos a tiempo parcial, la correcta aplicación de las ayudas a la contratación y a la formación profesional y la vigilancia del principio de igualdad de mujeres y hombres.

Las inspecciones dirigidas a controlar el fraude a la Seguridad Social y el empleo no declarado serán 4.937, más otras 8.745 controles de economía irregular.

Noventa y dos efectivos y nuevas incorporaciones

En el Archipiélago intervienen en la actualidad 92 inspectores y subinspectores. Durante el pasado año culminaron 27.277 inspecciones, por encima de las programadas, que para ese año fueron de 24.900. Estas intervenciones generaron en 2016 la transformación de 7.757 contratos que no reflejaban las condiciones reales en las que estaban las personas empleadas o hacían más horas de las contempladas en el trabajo. En cuanto a la economía sumergida, permitieron aflorar 5.397 empleos irregulares.

El director territorial de la Inspección de Trabajo, Francisco Guindín, destacó la previsión de incrementar los recursos humanos destinados a favorecer la calidad en el empleo y el hecho de que se han aumentado las competencias de los subinspectores. Asimismo, informó de que se ha creado una nueva escala de inspectores de seguridad laboral que se incorporarán a finales de este año.