La Consejería de Educación y Universidades admitió ayer que ha renunciado a elaborar un plan de infraestructuras educativas con carácter plurianual hasta que no se recupere la línea de ayuda estatal. La consejera del área, Soledad Monzón, reconoció en comisión parlamentaria que "todas las islas arrastran necesidades básicas" y que su departamento, sin fondos estatales, no puede alimentar "falsas expectativas", sin solo seguir atendiendo poco a poco las carencias.
Monzón respondió así a la petición del grupo socialista de diseñar una programación a medio y largo plazo, reclamación que también recibió el respaldo de Nueva Canarias. Ambas formaciones demandaron una estrategia coordinada y equilibrada para atender las importantes carencias que presentan muchísimos centros de todo el Archipiélago.
Esta demanda no es nueva. En abril del año pasado, durante el Debate del Estado de la Nacionalidad, el Parlamento canario aprobó una resolución en la que instaba al Ejecutivo regional a "elaborar y aprobar un Plan Canario de Infraestructuras Educativas". Además, la Ley Canaria de Educación también incorporó la obligación de "revisar las infraestructuras" y diseñar un plan de modernización, requerimiento que ha repetido en varias ocasiones el Consejo Escolar de Canarias.
Nueva Canarias apuntó que no se trata solo de planificar, sino de invertir, y puso como ejemplo algunos centros previstos en los planes que se hicieron para atender los retos demográficos en los sures de las islas y que, diez años después, aún están pendientes.
A pesar de la ausencia de esta planificación y de las críticas por las obras sin acometer, NC valoró que el nivel de ejecución presupuestaria en infraestructuras educativas haya aumentado. "No es el óptimo, pero ha mejorado". El grupo recordó también la urgencia de un plan de cubiertas y otro para retirar los techos de amianto.
Monzón, por su parte, informó de que en breve se reunirá con el secretario de Estado para abordar la posibilidad de recuperar el plan de infraestructuras.
Solo Andalucía (0,87) y Murcia (0,82) tienen un índice socio-económico y cultural (ISEC) menor que Canarias (-0,8), lo que demuestra el impacto que tiene el contexto social en los resultados académicos.
Esa es una de las conclusiones en la que coincidieron ayer los diputados durante la Comisión de Educación, que incluyó una comparecencia de la consejera Soledad Monzón para valorar los datos del informe PISA publicados en diciembre.
La OCDE realiza el estudio PISA teniendo en cuenta el índice ISEC, es decir, el valor socio-económico y cultura de los países. Se trata de un índice que mide diversos aspectos del origen social y familiar de los alumnos y que refleja, por ejemplo, la ocupación profesional y el nivel educativo de los padres, el número de libros que hay en las casas o los dispositivos digitales que manejan.
Los grupos reconocieron que este informe es una herramienta importante para medir la evolución de la educación, pero no la única ni la más exacta. Monzón aprovechó su intervención para reivindicar la cultura de la evaluación como mecanismo para diseñar políticas educativas y emprender cambios que redunden en mejora de las competencias de los alumnos, y no tanto en la posición en un ranquin.
Una medida para lograrlo, expuso NC, es aumentar la inversión en educación, "que hoy representa menos del 3,5% del PIB", un porcentaje "muy alejado del 5% que establece la ley canaria".