Juan Carlos Concepción se encontraba en el paro hace dos años y decidió salir de esta situación mediante un proyecto de empleo autónomo en el sector del transporte. Pidió un crédito bancario y, cuando le fue concedido, supo de las subvenciones para la promoción del trabajo por cuenta propia que, dotadas con fondos del Estado, concedía el Gobierno canario. Presentó su solicitud en julio de 2015 y hoy, veinte meses después, aún no la ha recibido y ni siquiera sabe cuándo la cobrará.

Más de 500 personas tienen el mismo problema que este trabajador de Santa Cruz de Tenerife. Han hecho cuantiosas inversiones -la convocatoria exige un mínimo de 25.000 euros para acceder a ayudas que van desde 5.000 a 10.000- y ahora no cuentan con una esperada inyección económica que les ayudaría a afrontarlas.

Estos autónomos son víctimas del recorte de las cantidades que aportaba el Gobierno central, que obligaron a la Consejería de Empleo a destinar recursos propios, insuficientes para cubrir toda la demanda, y generaron importantes retrasos, hasta tal punto que, a finales de 2015, el departamento que entonces dirigía Patricia Hernández (PSOE) decidió cerrar la lista y no aceptar más solicitudes hasta poner al día los expedientes aprobados.

La nueva consejera de Empleo del Gobierno regional, Cristina Valido (CC), se muestra prudente con las cifras, pero tiene constancia de que existen 505 expedientes "completos" -que han recibido ya el visto bueno de la Administración y tienen derecho al cobro-, además de otros 207 pendientes de algún requerimiento. Todos ellos proceden de 2014 y 2015.

El polémico Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) pudo ofrecer una solución a los afectados. El primer acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado el pasado noviembre, preveía que los recursos para empleo fueran gestionados directamente por la Consejería, que pretendía financiar con ellos un plan de transición al empleo. Este documento incluía seis millones de euros en 2016 para atender los pagos para promoción del trabajo autónomo y otros siete en 2017 para hacer frente, entre otros fines, a estas ayudas, de manera que, una vez satisfechas estas deudas, la convocatoria pudiera reabrirse.

Sin embargo, un segundo acuerdo del Consejo -el que precipitó un nuevo abandono de los socialistas de la reunión y, derivado de él, la ruptura del pacto de gobierno regional- revirtió esta decisión y puso los fondos destinados a empleo en manos de las corporaciones insulares, una decisión "ilegal", a juicio de Antonio Olivera, que ocupó el cargo de coordinador de la Vicepresidencia durante el año y medio en que el PSOE formó parte del Ejecutivo. Según Olivera, este acuerdo desposeía a los autónomos "de un derecho que tenían reconocido en noviembre", y del cual fueron informados, una circunstancia que avalaría sus reclamaciones ante los tribunales, tal y como advirtió hace unos días la propia Patricia Hernández en declaraciones a Radio Club Tenerife.

En cambio, los nuevos responsables de la Consejería de Empleo estudian actualmente "por qué se siguieron resolviendo de forma positiva ayudas que, a la vista está, no se podían pagar". "Estamos analizando la situación en profundidad para dar una solución a estas personas a la mayor brevedad. Se ha causado un perjuicio, y la gente no tiene la culpa de que las cosas no se hayan hecho como se debía", asegura Cristina Valido.

Entretanto, algunos afectados habían empezado ayer a organizarse y, además de interponer reclamaciones ante la Administración, preveían enviar una carta al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, para pedirle "un control más exhaustivo" de estos fondos.

las claves

Recortes. La falta de crédito por parte del Gobierno central generó un retraso en el pago de las subvenciones para el empleo autónomo.

Cierre de listas. Ante la acumulación de expedientes sin atender, la Consejería de Empleo decidió cerrar la lista en 2016 hasta ponerse al día con los pagos pendientes.

Plan de transición. La Consejería elaboró un plan de transición al empleo incluido en el Fdcan con el que abonar las ayudas.