La Consejería de Empleo, Vivienda y Políticas Sociales está redactando un nuevo decreto que permitirá realizar de manera conjunta la baremación del grado de dependencia y los servicios a los que tiene derecho el ciudadano. Esta "simplificación administrativa" agilizará los trámites para tener acceso a los servicios que contempla la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas dependientes.

Así lo anunció ayer la directora general del área, Marta Arocha, que fue nombrada hace un mes y medio en sustitución de Alicia Álvarez. La nueva responsable se ha marcado como una de sus prioridades reducir la maraña administrativa que en la actualidad han de sortear todos los dependientes para poder acceder a alguna ayuda.

Arocha admitió que hasta la fecha la Consejería solo ha considerado como "deuda" las ayudas que no ha abonado a dependientes que ya contaban con el Programa Individualizado de Atención (PIA). Sin embargo, tanto el Consejo Consultivo como el Defensor del Pueblo le han recriminado en numerosas ocasiones que no asuma la responsabilidad patrimonial que sí tiene, desde su punto de vista, con aquellos dependientes que han sido calificado como tales, pero a los que la administración nunca le hizo un estudio de las prestaciones a las que tenían derecho.

Este procedimiento se realiza a través del denominado PIA. Ahora la Dirección General, guiándose por el modelo andaluz y tras las constantes dudas legales sobre su manera de proceder, ha decidido acometer la valoración del grado de dependencia y del propio PIA a la vez. Es decir, analizar al mismo tiempo qué nivel de dependencia tiene el afectado y qué servicios necesita para tener una vida digna. De esta forma se evitarán situaciones como las que han denunciado los juristas en numerosas ocasiones y se garantizará que los ciudadanos reciben antes los recursos que establece la ley.

Mientras tanto la Consejería continúa abonando las deudas que mantiene con los dependientes con los que sí considera que mantiene una deuda y que nunca recibieron la ayuda mientras vivían. Lo hace pagando a los familiares que se han constituido en comunidades de herederos. Solo el mes pasado tuvo que destinar "28.000 euros" a abonar estos compromisos.

Arocha admite que la situación en dependencia es muy complicada aún en las Islas. El Archipiélago es, según el Imserso, la comunidad donde más dependientes con derecho reconocido no cobran esta ayuda que financian la Comunidad Autónoma y el Ejecutivo central. Además, también es la región con menos personas inscritas en el sistema nacional.