El sindicato Comisiones Obreras emprenderá acciones penales contra los responsables individuales del recorte del 20% de la jornada y el salario del sector del personal laboral de la Comunidad Autónoma llevado a cabo en 2013 y que el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional.
Así lo anunció el secretario general de la Confederación Sindical de CCOO-Canarias, Carmelo Jorge Delgado, que estuvo acompañado por los secretarios generales de la Federación de Enseñanza, José Ramón Barroso, y de Servicios a la Ciudadanía, Jaime Moujir. En su intervención, Carmelo Jorge Delgado afirmó que esta medida se usó para "lesionar" los derechos de aquellos trabajadores que tenían una relación contractual "más débil y menos estable" con la Administración autonómica y las que tenían unas condiciones laborales y salariales "más precarias" y, por tanto, "menos posibilidades de defensa".
Jorge dijo que el Gobierno tuvo sobre la mesa la posibilidad de aplicar este "ahorro en gasto" sobre la totalidad de los empleados públicos de Canarias, unas 100.000 personas, lo que hubiera supuesto un recorte del 0,1% y no del 20% como ocurrió finalmente.
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso, explicó que el Ejecutivo decidió tomar esta medida atendiendo a "razones objetivas", que, según Afonso, era mantener el empleo en el ámbito de la Administración autonómica y evitar despidos masivos.
Afonso reiteró que el Ejecutivo redujo la jornada laboral a los funcionarios interinos y los laborales en 2013 para proteger el empleo público "convencido de su legalidad".