Los funcionarios encargados de inspeccionar los establecimientos turísticos de las Islas realizan más de 3.000 actuaciones anuales pese al déficit de plantilla, reconocido por el propio Gobierno. Hasta el momento, la falta de efectivos ha impedido a este departamento actuar de oficio -solo lo hace ante las quejas y reclamaciones de los usuarios o de otros empresarios-, algo que podrá cambiar si la Consejería materializa su proyecto de elaborar un plan de inspecciones en el que se determinarán sus necesidades de personal para esta labor.

La directora general de Ordenación y Promoción Turística del Ejecutivo regional, Candelaria Umpiérrez, recuerda que al inicio de esta legislatura se impulsó una ampliación de la plantilla, que ahora cuenta con 14 trabajadores -trece inspectores y un jefe de servicio-, "casi el doble" que hasta entonces. Esta medida, adoptada en la segunda mitad del pasado año, explica que en 2015 se llevaran a cabo 4.570 actuaciones, frente a las cifras de entre 3.300 y 3.400 que se registraron en los dos años anteriores.

Las más de 4.500 intervenciones de la inspección turística en 2015 fueron el resultado de las 1.423 reclamaciones y quejas planteadas y concluyeron con la apertura de 666 expedientes sancionadores. Más de la mitad de las infracciones detectadas fueron leves -un 57%-, en tanto que las clasificadas como muy graves no situaron por debajo del 1%, según los datos de la Consejería.

Umpiérrez asegura que la tarea de este departamento no consiste en ir "a la caza y captura" del empresario, sino en responder a las demandas de los usuarios, cuya insatisfacción "repercute en la imagen del destino turístico".

A pesar de la tendencia a asociar la actividad turística a la planta alojativa -en especial a hoteles y apartamentos-, el trabajo de la inspección se centra en todos los actores del sector, desde guías y agencias de viajes hasta restaurantes y cafeterías.

La función inspectora de la Consejería de Turismo cubre tanto a los clientes como al propio sector, aclara la directora general. De esta manera, obedece a los requerimientos de los usuarios que entienden que el servicio que se les presta no se corresponde con el que contrataron, pero también a las denuncias efectuadas por empresarios, cuyas reclamaciones se refieren sobre todo a las irregularidades o a la falta de legalidad con la que operan otros establecimientos.

De la falta de señales a abrir sin autorización

La Ley de Ordenación del Turismo de Canarias -aprobada en 1995 y modificada en 2009- contempla tres clases de infracciones a la normativa y la disciplina turísticas: leves, graves y muy graves. Estas últimas suponen solo alrededor del 1% del total y comportan sanciones que van desde los 30.000 hasta los 300.000 euros.

En la categoría de las muy graves se incluyen desde la apertura de establecimientos sin la autorización preceptiva hasta el incumplimiento de los estándares turísticos fijados en las normas, pasando por no prestar el servicio acordado de tal manera que se ocasionen perjuicios graves para el cliente.

Por su parte, las infracciones graves -con sanciones que oscilan entre los 1.500 y los 30.000 euros- conforman un amplio grupo en el que figuran comportamientos como la publicidad engañosa, carecer de servicios obligatorios -caso del aire acondicionado, carecer de hojas de reclamaciones o no facilitar la tramitación de estas, las "deficiencias manifiestas y generalizadas en la prestación de los servicios, decoro de los establecimientos y funcionamiento o limpieza de sus locales, instalaciones y enseres" o la sobrecontratación de plazas que no permita atender reservas, entre otras.

Finalmente, las infracciones leves -mayoritarias en 2015- van desde la ausencia de señales o carteles hasta el "trato descortés" a la clientela. Están castigadas con sanciones que pueden llegar a los 1.500 euros.