Rayco Padilla lleva años haciendo lo mismo cada mañana: entra a la oficina, enciende el ordenador, chequea su cuenta y abre el Boletín Oficial de Canarias. Es uno de los 1.962 jóvenes que hace años, en su caso seis, entregó la documentación que le permitía ser beneficiario de las ayudas para la emancipación que incluía el plan de vivienda del Gobierno autonómico. Hoy vive en la casa que él y su pareja compraron, pero la cocina y uno de los baños siguen sin poder usarse.
"Necesitaba el dinero para poder reformarla". Solo continuar pagando la hipoteca que le gestionó la administración, y que no estaba exenta de cláusula suelo, ha sido un quebradero de cabeza. El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) no cumplió con sus promesas y, al mismo tiempo, llegó una durísima crisis que lo envió durante un tiempo al paro. Seis años después tiene trabajo y sale adelante como puede, pero el pago de las ayudas sigue siendo una incógnita. La nueva consejera de Vivienda, Patricia Hernández, también vicepresidenta del Ejecutivo regional, ha prometido hacerse cargo, pero esa promesa todavía no se ha convertido en realidad.
El plan de vivienda 2009-2012, que priorizaba la emancipación de los jóvenes, "fue una estafa", denuncia Rayco . "Entregué toda la documentación en febrero de 2010 y la funcionaria que me atendió entonces me dijo que estaba todo bien cumplimentado y que en dieciocho meses tendría la ayuda ingresada en la cuenta. Incluso me dijo cuánto tenía que guardar para Hacienda", recuerda.
En su caso la ayuda ascendía a 6.400 euros, la cantidad máxima. Quienes no han podido afrontar los plazos de la hipoteca tampoco han podido alquilarla para salir adelante: los beneficiarios no pueden enajenar sus casas durante 15 años, ya que si lo hacen pierden el derecho a esa hipotética ayuda que tienen concedida. El plan contemplaba una amplia batería de ayudas, muchas de ellas complementarias y todas dirigidas a jóvenes con pocos recursos y dificultades para independizarse. Es decir, un solicitante podía tener adjudicada la ayuda de Hipoteca Joven y la de Vivienda Usada al mismo tiempo. Es el caso de Idaira Herrera, que ha asumido las funciones de presidenta de la asociación de los afectados por el impago de las ayudas a la vivienda usada. Ella, por su nivel de ingresos, tenía derecho a la cantidad máxima de ayuda en ambos casos, lo que suponía un total de 18.000 euros, de los que 6.400 correspondían a la vivienda usada. Solo ha conseguido que le abonen la subvención para hipoteca joven, de la que tiene que tributar "más de 3.000 euros". Por la de vivienda usada sigue esperando.
Para poder pagar estas ayudas, el Gobierno debe sacar una nueva convocatoria, pero ni siquiera se ha comprometido a idear una fórmula legal para que los beneficiarios sigan siendo los mismos, alertan desde la plataforma. Si los requisitos son idénticos a los de entonces, los afectados no tendrían acceso a la ayuda: la mayoría no tiene ya menos de 35 años. En total, según los datos que maneja la plataforma, solo se han abonado 84 solicitudes de las 1.969 que se presentaron. Y con los 350.000 euros que en teoría destinará la Consejería este año "daría para abobar alrededor de 54" (variará en función de la cuantía). "Solo en la plataforma hay censadas más de 80 personas. Y muchos más no están apuntados o no saben que existimos", subraya Idaira.
"Si una empresa te ofrece un paquete vacacional y lo incumple dices que está estafando a sus clientes. El Gobierno canario ha hecho lo mismo", concluye Rayco.
Una "deuda moral" y una PNL incumplida
Los afectados por las ayudas a la compra de vivienda usada critican con dureza que la consejera Patricia Hernández hable siempre de "deuda moral" cuando se refiere a estas ayudas. "Hay una proposición no de ley aprobada por unanimidad. ¿Eso no sirve para nada?", lamenta Idaira. El colectivo que preside lleva años luchando para que la Administración cumpla con su palabra. Según su experiencia, este se ha preocupado más por la Hipoteca Joven porque los damnificados han sabido visibilizarse mejor. Es lo que intentan ellos ahora. La plataforma ha pedido reunirse varias veces con Patricia Hernández, pero solo han conseguido hacerlo con su equipo. La última reunión, programada para hace unas semanas, fue cancelada a última hora. "Nos están evitando", denuncian. También se sienten indignados cuando la consejera habla de que se trata de una "deuda moral" y alega que la subvención estaba sujeta a "disponibilidad presupuestaria". "Parece que dice que nos van a hacer un favor, pero hay una PNL aprobada por unanimidad". El Parlamento de Canarias dio el visto bueno en febrero de 2015. Un año después siguen a la espera.