El Gobierno ya ha empezado a ingresar el dinero de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) a las cerca de 3.500 personas que llevaban meses esperando. El anticipo de tesorería aprobado por el Consejo de Gobierno ha permitido que los demandantes cobren esta ayuda básica de inserción. Así lo confirmaron a este periódico fuentes de la Consejería, además de uno de los usuarios.

La consejera y vicepresidenta Patricia Hernández hizo el anuncio después de presidir el Consejo General de Servicios Sociales, órgano colegiado de asesoramiento del Gobierno en materia de políticas sociales. Además de la propia Administración, en esta herramienta están representadas la Federación de Islas (Fecai), la de municipios (Fecam), los colegios profesionales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de vecinos y de lucha contra la pobreza y la exclusión social, sindicatos y organizaciones empresariales.

La consejera insistió en que se ha hecho un gran esfuerzo para elevar la cuantía de esta ayuda, que en 2016 asciende a 45 millones de euros, 17 más que en 2015. "Eso nos da la tranquilidad para que la gente no tenga que esperar por cobrar, como ha ocurrido este año, en el que hemos buscado la solución más rápida posible a un problema con el que nos encontramos al llegar", explicó Hernández en un comunicado remitido a este periódico. La vicepresidenta se refería así a la ley de crédito extraordinario, avalada esta semana por el Parlamento canario. No obstante, para poder abonar las ayudas antes, sin necesidad de este trámite, el Ejecutivo dio el visto bueno a un anticipo de tesorería de casi 40 millones que también incluye fondos para el abono de parte de la paga extra adeudada a los funcionarios y para afrontar altas en el sistema de Dependencia.

Los retrasos en el abono de la PCI han sido una constante que se ha repetido prácticamente desde que este apoyo para las personas más vulnerables se puso en marcha. Muchos de los beneficiarios que tenían la PCI concedida llevan alrededor de seis meses esperando por ella.

Hernández baraja usar parte del IGTE para Dependencia

El Consejo General de Servicios Sociales solicitó ayer a la vicepresidenta que parte de los fondos del IGTE se destinen al desarrollo de la Ley de Dependencia, una opción que Hernández está considerando seriamente. La vicepresidenta se mostró partidaria de derivar una parte de la anulación de este impuesto a ese concepto porque, además de que sea "necesario", esa decisión se ajustaría a los criterios que el Ejecutivo se ha marcado como prioritarios a la hora de invertir estos fondos: se crearían infraestructuras y se generarían puestos de trabajo.

La vicepresidenta tiene previsto trasladar la propuesta al Consejo de Gobierno. "Los puestos de trabajo creados en el ámbito de lo social se fidelizan a lo largo del tiempo y no se pierden una vez acaba la inversión", apuntó. Además, "es una excelente fórmula para que el dinero del que dispondrá de más el Gobierno de Canarias llegue a las personas y se destine directamente a las necesidades de los canarios".

La vicepresidenta aprovechó la reunión para trasladar a los distintos agentes sociales que los tiempos de aplicar la tijera a las necesidades básicas "se han terminado" y que este Gobierno seguirá priorizando los asuntos sociales para garantizar la inserción social y laboral de todos los ciudadanos, dijo.

El libro blanco de la ley de dependencia calcula que para que España se equipare a la media europea son necesarios 500.000 empleos en el sector.