El Gobierno canario negocia con el central la aplicación de un plan contra la explotación laboral en los sectores de hostelería, comercio y servicios, para el que habría un refuerzo de 40 inspectores encargados de 1.600 actuaciones durante seis semanas.

La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Patricia Hernández, ofreció estos datos en comisión parlamentaria durante una comparecencia solicitada por Nueva Canarias acerca del plan de lucha contra el fraude y la explotación laboral.

Hernández precisó que en su intervención se iba a referir a la explotación laboral, porque el fraude es competencia de la inspección, y atribuyó las irregularidades en el mercado de trabajo a la reforma laboral, que "quitó el paraguas cuando más llovía y abarató el despido".

"Hay alguna relación entre la destrucción de contratos y las horas no remuneradas", señaló la vicepresidenta, que se reunió ayer con representantes estatales para formalizar un convenio de inspección similar al realizado en Baleares con "voluntad plena" por parte del Gobierno central de dotar con un mayor número de inspectores, mientras que Canarias pondrá los fondos necesarios.

La aplicación del plan correspondiente en Baleares costó unos 180.000 euros y en Canarias está previsto que se asigne esta iniciativa en los presupuestos para 2016 sin cerrar la cantidad porque depende del coste del traslado y el hospedaje de los inspectores.

El plan se hará en coordinación con la Dirección General del Trabajo, la inspección y se hará en seis semanas en dos fases, en la época en que se piensa que hay un aumento de contratación temporal "no clara".

La consejera pidió la colaboración de agentes sociales y empresarios y anunció que habrá reuniones previas con cabildos, ayuntamientos y organizaciones profesionales.

El diputado de la Asociación Socialista Gomera Jesús Ramón Ramos afirmó que el aumento de la precariedad laboral y los sueldos ínfimos han provocado el incremento del fraude con situaciones laborales "en régimen de esclavitud".

Dolores García, del grupo Nacionalista Canario, señaló que en las zonas de ocio del archipiélago se puede ver los fines de semana al personal saturado por las obras extras o directamente trabajando sin contrato.

Luis Campos, solicitante de la comparecencia, consideró que la explotación laboral "es una de las grandes vergüenzas de la realidad canaria de hoy en día" y pidió a la Consejería que no centre las inspecciones en los trabajadores explotados, que en el 99 por ciento de los casos son "un daño colateral" ya que no están así por decisión propia.

El diputado del grupo Popular Jorge Rodríguez dijo tener la impresión a raíz de las críticas a la reforma laboral de que "antes de 2012 vivíamos en una situación idílica cuando no hay nada más lejos de la realidad", pues el marco legal no evitó una masiva destrucción de empleo ni que el que se crease fuese de calidad.

"Canarias no es un campo de esclavos ni estamos en la época de Escarlata O''Hara", afirmó Rodríguez, quien subrayó que el fraude nunca es bueno "ni para las chapucillas" y para combatirlo hay dos caminos, que son la inspección de trabajo y los tribunales de justicia.

El parlamentario socialista Héctor Gómez recriminó al diputado popular el que esté "en campaña electoral", puesto que "la precarización del mercado laboral es indiscutible", mientras que Luis Campos de Nueva Canarias coincidió en que la medida más importante contra el fraude es derogar la reforma laboral.

"Es cierto que la esclavitud fue abolida hace tiempo, pero hay gente que no se ha enterado", dijo Campos en alusión a las palabras de Jorge Rodríguez, y comentó como ejemplo el caso de un trabajador que se considera "un privilegiado" porque tiene un contrato por cuatro horas, le pagan por ocho pero en realidad trabaja diez.