El Gobierno canario rechaza el proyecto del Ministerio de Sanidad de crear un registro de inmigrantes irregulares para reintegrarles en el sistema de salud pública, porque "va por detrás de la realidad" y "criminalizaría a un colectivo ya de por sí vulnerable", según ha anunciado hoy.
El Ejecutivo canario, que conforman CC y PSOE, mantiene su propósito de devolver las tarjetas sanitarias retiradas en 2012 a los "sin papeles" pese al proyecto dado a conocer ayer por el Ministerio que, desde su punto de vista, "aumentaría las condiciones de desigualdad" entre usuarios del sistema, ha dicho a Efe el director general de Salud Pública, Ricardo Redondas (PSOE).
Este representante de la Consejería de Sanidad del archipiélago sostiene que "son muchos los inconvenientes que crearía" la propuesta del Gobierno central, porque "no solo establecería diferencias entre ciudadanos de primera, con tarjeta sanitaria, y de segunda, sin ella", sino que también incrementaría las dificultades y los costes de devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes.
Puesto que habría que crear el registro propuesto para controlar a esas personas, teniendo que destinar personal e infraestructura para ese fin, así como desarrollar un nuevo tipo de documento que acreditara su derecho a recibir atención médica distinto a la tarjeta sanitaria habitual, lo que haría aumentar el gasto público y los plazos conducentes a ese objetivo, ha argumentado Redondas.
"Es mucho más sencillo, barato y eficiente normalizar la atención sanitaria que se presta a los inmigrantes que crear un sistema alternativo y destinado, además, solo a un grupo relativamente pequeño de la población", ha sentenciado.
Redondas ha reiterado que el Gobierno de Canarias mantiene su propósito de devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes pese a la negativa del Ministerio, del que ha dicho que con propuestas como la de ayer solo busca "salir al paso de las acciones de las comunidades autónomas" que se le han adelantado en esta materia.
En su opinión, el Gobierno del PP podría evitar esta situación si se aviniera a "derogar el real decreto de 2012 que expulsó a los inmigrantes irregulares de la sanidad pública", a lo cual "se resiste", a su entender, solo por motivos partidistas.
Redondas cree que esos motivos son también la causa de que el Ministerio de Sanidad "insista en tratar de confundir relacionando ese real decreto con el turismo sanitario, cuando es una norma que afecta a unos colectivos que no tienen nada que ver con el turismo sanitario", ha afirmado.