La fusión de la Sociedad de Garantías Recíprocas (Sogarte), controlada por los empresarios de la provincia tinerfeña, con la Sociedad de Avales de Canarias (Sogapyme), en manos de empresarios de la provincia oriental, nace marcada por el pleito insular. Entre otros, la patronal de Las Palmas -la Confederación Canaria de Empresarios (CCE)- acusa al Gobierno regional de haber maniobrado para otorgar los cargos importantes del nuevo ente a los empresarios de Santa Cruz de Tenerife, algo que desmiente el Ejecutivo y la patronal CEOE-Tenerife.
El Gobierno recuerda que se vio obligado a fusionar ambas ante la imposibilidad por parte de Sogarte y Sogapyme de cubrir el capital mínimo requerido para salir adelante, por lo que aportó 1,6 millones de euros, lo que le da derecho a tener cinco miembros de los 12 del total.
"Si renunció al quinto es para mantener el equilibrio interinsular", alega al tiempo que desmiente haber maniobrado a favor de unos y otros.
Pero el secretario general de la CCE, José Cristóbal García, rechaza esta versión. Alega que Sogapyme ha tenido una "mejor" gestión que Sogarte, situación que planteó al Gobierno cuando solicitó tener "alguno" de los cargos clave en la nueva sociedad, algo que "desoyó por completo".
Pedro Afonso, el secretario general de CEOE-Tenerife, replica sobre la gestión de una y otra sociedad que la información que maneja es "otra", que los cargos fueron decididos y aceptados hace una semana -por lo que "nadie puede cambiar las reglas de juego una semana más tarde"- y defiende, como la propia Administración remarca, que cada una de las partes tiene un tercio de miembros en la cúpula. "Esas acusaciones no tienen sentido".