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Los plenos vuelven a ritmo de batucada

El inicio del primer pleno ordinario del año estuvo marcado por las quejas de un grupo de empleados de mantenimiento del Hospital Doctor Negrín, frente a una sesión con no demasiada sustancia.
G. Maestre/D. Ramos
11/feb/15 1:41 AM
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L os plenos ordinarios del Parlamento de Canarias regresaron ayer, tras el parón de enero, a ritmo de batucada. Y no por un desfile matutino de comparsas por las principales calles santacruceras, ni por ninguna otra razón carnavalera. Era una batucada mucho menos agradable, con sones de protesta, en una defensa desesperada de sus puestos de trabajo -tras el cambio de empresa adjudicataria del servicio- que hicieron los empleados de mantenimiento del Hospital Doctor Negrín. Desde una esquina de Teobaldo Power, el grupo de manifestantes -no muy amplio pero sí ruidoso, y al que se llegó a sumar Román Rodríguez, que hasta cogió el megáfono y pareció retrotraerse a sus años de activismo estudiantil- marcó el inicio de una mañana que, entre la concentración y la policía protegiendo la entrada a la Cámara, hacía recordar las grandes tardes de fútbol. Pero dentro del estadio apenas hubo partido. Puntos, en la mayoría de los casos, de poco debate. O, hablando de batucadas y carnavales, fue como si hubiese pequeñas "perlitas", que dirían los cronistas murgueros, pero con pocos "temazos". El vicepresidente regional, José Miguel Pérez, alertó de que, si se aplica el real decreto que modifica la enseñanza de grados, puede ser un "caos"; José Miguel Ruano (CC) pidió que se impida el convenio entre el Cabildo de El Hierro y el IGN sobre vigilancia vulcanológica por no contar con el Gobierno, y los socialistas Fajardo Palarea y Hernández Spínola se congratularon del auto del TSJC relativo al proceso de transformación de CajaCanarias en fundación, así como de la decisión que tomó el Ejecutivo canario en su momento. "La sentencia pone las cosas en su sitio", afirmó el segundo, en una intervención crítica con el Partido Popular. Más adelante, Gloria Gutiérrez (PSOE) vio una "estafa" y una "burla" en los fondos adicionales para la puesta en marcha de las ayudas de 426 euros del Gobierno central, toda vez que los potenciales beneficiarios han de superar 16 obstáculos burocráticos y una "maraña administrativa propia del antiguo régimen, y de este, que está copiando las mañas". Tras las manifestaciones de la consejera de Industria, Francisca Luengo, sobre el decreto de potencia eólica, la sesión remontó el vuelo con Aena, aunque a un destino más o menos conocido. El consejero nacionalista Domingo Berriel se refirió al trabajo "intenso" para lograr la cogestión, a la "condición estratégica" de los aeropuertos y a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo. Además, afirmó que al Ejecutivo regional no le ha quedado "otro remedio" que ir a la vía judicial, y auguró que la hoy entidad pública será en el futuro "enteramente" privada. Román Rodríguez, proponente de la pregunta, fue más categórico: "Se produce una expropiación, un expolio". El presidente de Nueva Canarias reclamó a los partidos que sustentan el Gobierno "presión y movilización" para proteger unos recursos que son de todos y que "comprometen" el futuro de los canarios. Asimismo, mantuvo que se va a realizar una venta de las instalaciones aeroportuarias del Archipiélago "al mejor postor, a los especuladores", y que estos van a caer en la cuenta de resultados "de no se sabe quién". Si la popular Australia Navarro le recriminó a Berriel que ha habido "arbitrariedad" en la Ley Turística (sacada adelante, dijo, con fines electorales y que es una "chapucilla para salir del paso"), Mercedés Roldós (PP) y la consejera de Sanidad, Brígida Mendoza (CC), tuvieron sus más y sus menos con los colapsos en urgencias. Y también con el servicio de mantenimiento del Hospital Doctor Negrín. Desde el PP expusieron la necesidad del servicio de mantenimiento, resaltaron el "know how" de los profesionales e instaron a Mendoza a mediar con la nueva empresa adjudicataria. En un discurso comprensivo con el drama que padecen los afectados, la consejera le lanzó a Mercedes Roldós: "Lo de mediar es algo jurídico que no se puede, y que tiene nombre y apellidos". La tarde fue para Vivienda, cuya consejera, Inés Rojas, anunció que se irán liquidando todas las líneas del Plan de Vivienda pendientes de resolución. Hoy, más Aena y el suelo rústico de La Laguna.

 Hoy se publica el decreto de la potencia eólica en el BOC

La consejera regional de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo, confirmó ayer en el pleno la publicación para hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del decreto que da luz verde a la autorización administrativa en la asignación de potencia eólica y la definitiva abolición de la vía del concurso.

La portavoz socialista en la materia, Dolores Padrón, preguntó a Luengo qué implica el cambio que comienza desde hoy, a lo que la consejera respondió, como ya había hecho en oportunidades anteriores, que supone un "antes y un después" y prometió que, desde ahora, los parques eólicos se instalarán sin retraso al tiempo que criticó la fórmula de los concursos (adoptada en tiempos en que el PP cogobernaba en Canarias), pues "llevan a la conflictividad", un argumento que le valió el aplauso de Padrón y la reprobación de la bancada popular.

También el consejero de Agricultura, Ganadería Pesca y Aguas, Juan Ramón Hernández, llevó al pleno un anuncio con polémica.

Ante una pregunta sobre la cuota de pesca del atún rojo del diputado del grupo de los nacionalistas canarios, Juan Pedro Hernández, el máximo responsable del sector primario en el Gobierno canario explicó que, de forma extraoficial, su departamento ha sabido que el Ministerio del área hará suyo, previsiblemente, la propuesta del PP para incrementar las capturas de esta especie por la flota canaria hasta las 100 toneladas, frente a la aspiración del sector, que eran 300 (y que cuenta con el respaldo del Ejecutivo autonómico).

Juan Pedro Hernández tildó de "ridícula" la cantidad y el consejero dejó claro que el Ejecutivo regional seguirá "peleando" por incrementar la cuota canaria.

Mendoza: "No hay colapsos en urgencias"

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, manifestó ayer en sede parlamentaria "que colapso significa interrupción o paralización y ninguna de estas dos cosas han pasado en los servicios de urgencias, donde en ningún momento se ha dejado de atender a los pacientes".

Mendoza respondía así a la pregunta de la diputada del Partido Popular Mercedes Roldós sobre qué medidas ha tomado el Ejecutivo regional para resolver el colapso de las urgencias.

"Insisto, señora consejera, ha habido y sigue habiendo un colapso, caos, saturación o como usted lo quiera llamar de los servicios de urgencias que se está convirtiendo en algo habitual y que hace que se produzcan situaciones indignas e intolerables para los pacientes, y también para los trabajadores sanitarios, y en ello están de acuerdo todos los agentes: los sindicatos, los colegios profesionales e incluso el Diputado del Común", dijo desde su escaño Roldós, antes de criticar la "falta de la previsión y planificación" del Servicio Canario de Salud.

"No está usted en condiciones de dar lecciones de nada", dijo desafiante en dos ocasiones la consejera dirigiéndose a la diputada popular y exconsejera de Sanidad, recordándole que "en su etapa se escribieron ríos de tinta sobre las urgencias y usted tuvo 500 millones de euros más que yo para poner en la mesa soluciones y no hizo nada".

Mendoza aseveró que actualmente "a los servicios de urgencias llegan cada vez más pacientes y en peor estado de salud y lo que habría que preguntarse es si tendrá algo que ver con los copagos disuasorios creados por el gobierno de Mariano Rajoy" y detalló que durante su mandato se ha adecuado la Atención Primaria "para que sea cada vez más resolutiva, dotándola de más pruebas diagnósticas y aumentando los recursos humanos, con la resolución de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de médicos especialistas de urgencias y sacando la correspondiente a enfermería y aumentando los profesionales y el número de camas en todos los hospitales".

Son las toneladas de las que, según el consejero de Pesca, Juan Ramón Hernández, previsiblemente podrá disponer el sector atunero canario, que pedía 300.