Los sindicatos CCOO y UGT reclamaron ayer al Gobierno de Canarias destinar 300 millones de euros a crear una renta de inserción que ofrezca unos ingresos mínimos a quienes no los tienen, modificando para ello su presupuesto para 2015, que opinan que favorece a los más ricos en perjuicio del resto.

Prueba de ello son, según ellos, datos como que en el proyecto de cuentas autonómicas para el año próximo, actualmente en fase de tramitación en el Parlamento regional, está previsto destinar 64,2 millones de euros a distintas iniciativas que beneficiarán al sector turístico, que lleva años sumando récords de visitantes, mientras que en educación se anuncia un aumento de inversión de doce millones.

Si a ello se añaden factores como que en ese proyecto no se prevé crear la referida renta básica para ayudar económicamente a los más necesitados, se llega a la conclusión, según dijo el dirigente de CCOO Antonio Pérez, de que "estos presupuestos carecen de la necesaria intencionalidad para ir a responder a los principales problemas que tienen los canarios".

Problemas que son la falta de empleo y la pobreza y que el Ejecutivo "se resigna" a que sigan sin ser solventados un año más, en palabras de Pérez.

Con él coincidió el secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, que afirmó que el Gobierno "renuncia un año más" a cambiar el modelo de desarrollo del Archipiélago como única vía que permitiría propiciar una recuperación económica real.

Así, señaló que en sus propios documentos, el Ejecutivo "reconoce que sus previsiones de crecimiento van a estar en torno al 2% pero que, sin embargo, las tasas de desempleo, a final del próximo año, las van a mantener al 31,7%", lo cual impedirá que haya recuperación, ya que debe ser producto, en buena medida, de una mayor demanda interna que no se logrará por el paro y los bajos salarios.

Añadió que también se necesita actuar contra otras "dos lacras": la economía sumergida y el fraude fiscal, en el que enmarcó las falsas contrataciones a tiempo parcial de personas que "hacen muchas más horas" de las que declaran los empresarios, según él, con la connivencia del Gobierno canario.

Protestas para exigir una PCI más digna y eficaz

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife llama a todo el colectivo de profesionales, a las organizaciones sociales y a la población en general a movilizarse para lograr que la Prestación Canaria de Inserción (PCI) sea digna y eficaz. Para hacer visible esta exigencia, convoca concentraciones mañana a las 11:00 horas, en las inmediaciones de los servicios sociales municipales de la provincia, con la finalidad de ejercer presión para que las instancias competentes pongan los medios necesarios para que la PCI se convierta en un instrumento eficaz contra la exclusión social.

El colectivo de profesionales del Trabajo Social apela a la oportunidad que representa la reforma de la Ley 1/2007, que regula la PCI, pero el proyecto elaborado por el Gobierno canario, lejos de mejorar la ley, representaba un retroceso en los derechos de los ciudadanos y el texto se retiró, porque hasta los grupos políticos que apoyan al Ejecutivo regional lo solicitaron, después de que los dos Colegios Oficiales de Canarias presentaran alegaciones y organizaciones como Redesscan denunciaran públicamente las deficiencias del documento.

Según los datos que ha dado públicamente la propia consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, "unas 47.000 familias en situación de pobreza son acreedoras de esta ayuda", pero en abril de este año solo la habían percibido 5.600 beneficiarios de forma directa.