El Tribunal Supremo (TS) tramita un incidente de nulidad contra la sentencia que dictó el pasado mes de junio en la que rechazaba los siete recursos presentados contra el decreto del Gobierno de marzo de 2012 que autorizaba los sondeos petrolíferos en aguas próximas a Canarias.

El Cabildo de Fuerteventura, que recurrió ante el Supremo el citado decreto, ha informado hoy de que el Alto Tribunal le ha comunicado la tramitación de su solicitud contra el fallo que autoriza los sondeos petrolíferos a la multinacional Repsol, según señala en un comunicado la corporación insular.

El pasado 23 de julio, el Cabildo dirigió un escrito al TS solicitando la anulación de esta sentencia, que el pasado 25 de junio -con 3 votos a favor y 2 en contra- rechazó el recurso contra el Real Decreto de 16 de marzo de 2012, que otorgó a Repsol nueve permisos de investigación para perforar el subsuelo marino próximo a las islas de Fuerteventura y Lanzarote.

La consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, Natalia Évora, ha manifestado que la autorización de estas perforaciones a Repsol en esta zona del Atlántico "trascienden con creces el nivel competencial del Estado español", por afectar o poder afectar a ecosistemas de importancia comunitaria e incluso mundial, y que se debió consultar a instancias europeas antes de dictar sentencia.

En su solicitud de anulación de sentencia, el Cabildo de Fuerteventura plantea al Supremo que no podía ni debía dictar esa sentencia de 25 de junio, sin antes haber consultado al Tribunal de Justicia de Luxemburgo, ya que el Gobierno español hace 19 años que reconoció ante la UE la "excepcional singularidad" de las aguas canarias del oriente y sur de Lanzarote y Fuerteventura para la conservación de numerosas especies de cetáceos y tortugas marinas.

El Cabildo añade que las aguas afectadas por las prospecciones de Repsol son hábitat natural de distribución de un 33 % de todas las especies de cetáceos conocidas hasta la fecha, ya que albergan 28 especies de las 84 descritas en el mundo.

El Gobierno de Canarias ha anunciado también que presentará un incidente de nulidad contra este fallo del Supremo, según anunció la pasada semana el comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, quien advirtió de que, si no prospera, pedirá el amparo del Tribunal Constitucional.