Los grupos políticos del Parlamento de Canarias han lamentado la decisión de los presidentes de los cabildos de no asistir hoy a la sesión de la Comisión General de Cabildos, convocada para conocer su parecer sobre dos iniciativas del Gobierno, pero, pese a su ausencia, los diputados siguieron adelante con el orden del día y dieron por cumplido el trámite de consulta a las corporaciones insulares.

Los presidentes de los cabildos habían anunciado su ausencia del Parlamento para protestar por el recorte de sus competencias y por la falta de consulta que atribuyen al Gobierno de Canarias sobre la legislación que les afecta, lo que molestó a algunos parlamentarios por ningunear a la institución e identificarla como una "correa de transmisión" de las decisiones del ejecutivo.

"Es uno de los días más tristes", dijo el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, quien consideró que la cámara es la institución más importante y la expresión de la voluntad de todos los ciudadanos, así que "no hay excusa que valga" para cuestionarla.

Castro precisó que no hace reproches, sino un llamamiento a la responsabilidad de todas las instituciones para recuperar la normalidad y para no cuestionar el Parlamento, pese a que pueda tener defectos.

Miguel Jorge Blanco, del PP, lamentó la ausencia de los cabildos, pero pidió autocrítica a los grupos parlamentarios por la percepción de que la cámara es una correa de transmisión del Gobierno de Canarias.

El presidente del grupo nacionalista, José Miguel Ruano, lamentó la ausencia de los cabildos de una comisión parlamentaria concebida para que participen con sus opiniones en el proceso legislativo, y defendió la autonomía política del Parlamento en la tramitación de las leyes y en la introducción de enmiendas a la vista de las opiniones de las corporaciones insulares.

Emilio Mayoral, del PSOE, consideró que el Parlamento no se merece el ninguneo de los cabildos ni que le den "una patada en el culo" cuando en realidad se la quieren dar al Gobierno de Canarias.

Román Rodríguez, de Nueva Canarias, se mostró comprensivo con el malestar de los cabildos, pero subrayó que no comparte el procedimiento de ausentarse de la sesión parlamentaria.

Pese a la ausencia de los cabildos, los consejeros de Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias, Javier González Ortiz, y de Política Territorial, Domingo Berriel, presentaron a la comisión los proyectos de ley incluidos en el orden del día y a falta de presidentes insulares fueron los grupos parlamentarios los que opinaron sobre su contenido, tras lo cual Antonio Castro dio por cumplido el trámite de consulta a las corporaciones insulares.

González Ortiz presentó el proyecto de ley de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, que supone la modificación de 27 leyes vigentes para actualizarlas, introducir precisiones técnicas y agilizar trámites, señaló.

Los cambios abarcan cuestiones sobre hacienda, ganadería, agricultura, alimentación, transporte políticas de igualdad y de juventud y función pública, entre otras.

Entre los cambios relacionados con la función pública, se persigue agilizar la introducción de cambios en la planificación y distribución de trabajadores entre las distintas áreas del Gobierno regional.

En transporte de modifica la normativa de transporte por carretera para rebajar las sanciones y en medidas tributarias se endurece el régimen sancionador para infracciones relacionadas con el tabaco.

El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, denunció esta "pésima forma de legislar" consistente en "cambiar 27 leyes heterogéneas de una tacada" mediante un procedimiento abreviado que hace difícil el seguimiento de tantos cambios.

El procedimiento fue defendido por los grupos que apoyan al Gobierno, nacionalista y socialista, pero el representante del PP, Jorge Rodríguez, criticó que se haya marginado de estos cambios a los cabildos.

El consejero Domingo Berriel presentó el proyecto de ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales, que pretende eliminar rigideces y clarificar las competencias en el planeamiento insular.

Sin embargo, Miguel Jorge Blanco, del PP, denunció que este proyecto de ley carece del apoyo de cabildos, ayuntamientos, empresarios y profesionales, tiene visos de inconstitucionalidad, invade competencias ajenas, es un paso más en la centralización de competencias en el ejecutivo y no armoniza la complicada legislación territorial vigente.

Román Rodríguez, de Nueva Canarias, dijo que este tipo de normas estructurales y claves para el futuro deben aprobarse por consenso y no apoyadas sólo en la mayoría gubernamental y en contra del resto de instituciones y agentes, por lo que pidió su retirada.

Emilio Mayoral, del PSOE, defendió la sensibilidad del Gobierno de Canarias a las aportaciones de otras instituciones, muchas de las cuales han sido recogidas en el proyecto de ley, mientras que José Miguel González, del grupo nacionalista, defendió la necesidad de esta ley para armonizar la legislación vigente, al tiempo que reprochó a los cabildos que hayan perdido la "enorme oportunidad" de presentar sus opiniones en el Parlamento.