La declaración de impacto ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por la cual se autoriza a Repsol a realizar sondeos exploratorios en busca de petróleo en aguas próximas a Canarias ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial de España (BOE).

La publicación en el BOE se produce después de que el 29 de mayo pasado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente consintiera la perforación de "sondeos exploratorios" en los permisos de investigación de hidrocarburos denominados Canarias 1 a 9".

Las indagaciones se llevarán a cabo mediante un buque de posicionamiento dinámico a unos 60 kilómetros de la costa canaria, que se encargará de tomar muestras de roca o fluidos para detectar la posible existencia de hidrocarburos en la zona, según la decisión del Ministerio.

El permiso "no implica en ningún caso la extracción de petróleo" y advierte de que, en el caso de que el promotor quisiera desarrollar esta actividad en el futuro, "estará obligado a presentar un nuevo proyecto" que será sometido a un nuevo procedimiento de evaluación ambiental, abierto a la participación pública.

El Parlamento canario acordó ayer, con los votos de CC, PSOE y el grupo Mixto, exigir al Gobierno español que se celebre un referéndum antes de autorizar de forma definitiva las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura.

El grupo Popular defendió en ese pleno parlamentario la compatibilidad entre la investigación, exploración y producción de hidrocarburos y la actividad turística.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado que pedirá una reunión para hablar de las prospecciones con el futuro Rey de España, el Príncipe Felipe, y con los presidentes de las empresas Caixabank y Sacyr, mayoritarias en el accionariado de Repsol.

La intención de Rivero es pedir que no se lleven a cabo las prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol en aguas próximas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

La publicación en el BOE se produce el mismo día en el que está previsto que el Tribunal Supremo comience a deliberar sobre los siete recursos planteadas por administraciones e instituciones canarias y grupos ecologistas contra las prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas cercanas al archipiélago.