El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha afirmado que la iniciativa de los grupos de CC y PSOE sobre la Ley de Renovación y Modernización Turística, que se verá en el pleno que comenzará mañana en la Cámara, genera "más inseguridad jurídica".

Nueva Canarias ofrecerá a los grupos que forman el Ejecutivo regional una enmienda de sustitución que recoge las peticiones del Cabildo de Gran Canaria para construir nuevos hoteles de una categoría mínima de cuatro estrellas y el rechazo al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado.

Para Rodríguez, el modificar los términos de las categorías de los complejos turísticos, "sustituyendo estrellas y llaves por estándares", para garantizar la calidad de estos alojamientos, es un "lavado de cara ante el error cometido por el gabinete de Paulino Rivero" al aprobar la ley turística en mayo del año pasado.

El portavoz de NC explicó que las estrellas ya obligan a unos "estándares regulados", como los metros cuadrados de superficie de las habitaciones y del resto de las instalaciones, la calidad de los servicios, la eficiencia energética y la accesibilidad, entre otros parámetros. "Los estándares de calidad ya existen", ha subrayado.

En su opinión, lo que plantea esta la proposición no de ley de CC es "una obviedad, con la que no quieren reconocer, en el Ejecutivo canario, que se equivocaron y que, además, genera más inseguridad jurídica".

El dirigente nacionalista también cree que la proposición supone un reconocimiento implícito de que Paulino Rivero ha perdido dos legislaturas en esta materia.

Rodríguez ha señalado que NC ha registrado en el Parlamento una enmienda de sustitución "coherente" con la iniciativa del Cabildo de Gran Canaria, en la que defiende el respeto a las competencias insulares, que el crecimiento se haga según las previsiones del plan territorial turístico de la isla y con criterios de sostenibilidad.

También incluye una propuesta para que la Cámara regional rechace el recurso promovido por el Gobierno central, así como el "uso partidista" del Tribunal Constitucional que, a su juicio, hace el Estado con una competencia exclusiva de Canarias.