El portavoz de STEC-IC, Fernando Pellicer, aseguró ayer que acudirán "a todas las instancias judiciales" que sean necesarias, si el Gobierno canario no da marcha atrás en su intención de permitir el acceso a parte de los datos de los historiales clínicos de sus trabajadores públicos.
Es más, indicó que si el Ejecutivo regional no rectifica convocarán movilizaciones ante un hecho de una "gravedad inédita", que no ocurre en otras administraciones.
En sintonía con lo manifestado por otros sindicatos, Fernando Pellicer dijo que la "descabellada" propuesta del Gobierno supone un "atentado" gravísimo contra la intimidad de los empleados públicos, además de una "clarísima" vulneración de la Ley General de Protección de Datos.
El portavoz de STEC-IC sostuvo que los empleados públicos de Canarias están "prácticamente" en la media del porcentaje de absentismo laboral, por tanto "no es cierto" que tengan un absentismo elevado. "Es radicalmente falso", aseguró Pellicer.
A juicio del sindicalista, se está tratando de "criminalizar" a los empleados públicos "sin sentido", al margen de que están poniendo en tela de juicio la profesionalidad de los facultativos del Servicio Canario de Salud (SCS). "Probablemente buscan desviar la atención sobre otros problemas más graves", enfatizó.
En esta línea, Víctor Cabrera, secretario de Coordinación Sectorial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, manifestó la oposición del sindicato, no solo la intención del Ejecutivo de permitir el acceso a los historiales clínicos de los funcionarios, sino también a la creación de una inspección paralela, que se han "sacado de la manga".
Incidió Cabrera en que lo que se está produciendo es una "duplicidad" de recursos para realizar una labor que ya se venía realizando. "Es un hecho cuyo objetivo no se justifica", remarcó.
El dirigente de CCOO sostuvo que es partidario de combatir el fraude que se puede producir con las bajas laborales, pero consideró que el único fin que busca la comisión de evaluación creada por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad es "un ahorro económico dentro de este austericidio de recortes presupuestarios".
Y al igual que su compañero de STEC-IC, Víctor Cabrera avanzó que si, al final, el Gobierno "sigue para adelante" recurrirán la aplicación de la norma, recursos que, según precisó, tendrían que presentarse de manera individual.
Con todo, tanto Fernando Pellicer como Víctor Cabrera coincidieron en señalar que "esperan" que el Ejecutivo canario acaba rectificando su idea.