Tal y como se había previsto, y a pesar de los intentos de última hora por reconducir la situación, el Consejo de Ministros acordó ayer recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias, por considerar que infringe las normas nacionales y europeas sobre libertad de establecimiento al prohibir que se construyan nuevos hoteles a menos que sean con categoría de 5 estrellas o superior.

Según la nota hecha pública tras el Consejo de Ministros, el Ejecutivo central impugna los apartados "a" y "c" del artículo 4.2 de la ley canaria -cuya constitucionalidad ya había sido puesta en duda por el Consejo de Estado-, porque entiende que fijan una serie de requisitos contrarios a la ley de 2009 que traspuso a la legislación española la Directiva Europea de Servicios de Servicios de Mercado Interior.

La Ley canaria establece que "por motivos de protección del medioambiente y de ordenación del territorio" solo serán otorgadas autorizaciones previas para la nueva implantación de nuevos establecimientos de alojamiento en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, cuando se trate de establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos con categoría de 5 estrellas o superior.

Sin embargo, se autorizan hoteles inferiores a cinco estrellas si son fruto de la rehabilitación de otro establecimiento ya existente.

El Gobierno central defiende que "limitar" la autorización de nuevas instalaciones hoteleras en Canarias únicamente a los hoteles y apartamentos de dicha categoría "es un requisito de naturaleza económica contrario a la Ley sobre el Libre Acceso a las actividades de servicios y su ejercicio".

Y añade que es una "legislación básica estatal dictada en transposición de la directiva de Servicios del Mercado Interior" que consagra "el principio de libertad de establecimiento en todo el territorio nacional".

El Ejecutivo considera que cuando la exigencia de una determinada categoría hotelera "se evalúa en términos de oferta o demanda turísticas, estrechamente ligados a pruebas económicas, se limita el acceso y ejercicio de actividades turísticas por criterios económicos".

"Un requisito prohibido de acuerdo con el artículo 10.e) de la citada Ley sobre el Libre Acceso a las actividades de servicios y su ejercicio", precisa la nota.

Fuentes del Gobierno canario aseguraron ayer, tras conocer el recurso, que desconocían en qué consistía y si se planteaba la suspensión de la normativa vigente.

En cualquier caso, las fuentes consultadas indicaron que, aunque se presente este recurso, el Gobierno canario no renunciará a que la rehabilitación turística sea el eje del desarrollo del modelo económico del Archipiélago.