El comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, aseguró hoy que la consulta que promueve el Gobierno de Canarias sobre las prospecciones petrolíferas “es legal y profundamente democrática”, pues se basa en las disposiciones del Estatuto de Autonomía, de la Constitución Española y del Reglamento del Parlamento de Canarias.
Ríos aseguró que las declaraciones del ministro de Turismo del Gobierno de España, José Manuel Soria, en las que dice que la consulta es “ilegal”, sólo esconden el interés del PP en negar a los canarios la posibilidad de expresarse sobre el particular: “Con la legislación en la mano, la realidad es que sí se puede pero el PP no quiere”.
“Parece que el PP teme la voz de los canarios en asuntos que nos afectan directamente”, dijo el comisionado, quien recordó que los artículos 203 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 32.5 del Estatuto de Autonomía y el 92 de la Constitución prevén la posibilidad de realizar consultas sobre cuestiones de especial transcendencia “A nadie se le escapa que el tema de las prospecciones lo es, en tanto afecta al modelo de desarrollo del Archipiélago”, subrayó.
Ríos recordó, además que la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con competencias estatutarias en las materias afectadas por las prospecciones, como la ordenación y planificación económica (art. 31.4), el turismo (artl 31.21) y la protección de medio ambiente (art.. 32.12).
En cuanto a la situación del expediente, el comisionado aseguró que “en contra de lo dicho por el ministro, en Canarias se está ya en la segunda fase, las de prospecciones, habiéndose realizado hace 10 años la de investigación, en virtud de la cual Repsol cree que se podrá sacar miles de barriles de crudo diarios”.
“El Ministerio, incumpliendo su propia ley de transparencia –añadió Ríos- oculta toda información sobre la tramitación de la Declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y ni siquiera ha respondido a cuántas alegaciones se han realizado o qué Administraciones de las consultadas han acudido a ese trámite”. En este sentido, comentó que Soria “no tiene credibilidad para hablar del impacto ambiental cuando hace meses dijo que las prospecciones se harían con independencia de ese trámite”.
El comisionado también criticó el distinto rasero que está utilizando el Estado y el PP con las prospecciones en Baleares: “Prueba de ello es que el Ministerio acaba de prorrogar el plazo de información pública de las prospecciones para realizar alegaciones en Ibiza, cuando se lo negó a Canarias siendo el mismo plazo inicial (45 días) pero con el agravante de que en el Archipiélago fue en pleno agosto”.