El exalcalde de Valle Gran Rey (La Gomera) Ruymán García pedirá al Tribunal Constitucional que anule la sentencia que lo condena a cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de malversación tras confirmarla el Supremo, según ha anunciado hoy su letrado, Eligio Hernández.

El letrado ha señalado que la condena, emitida en primera instancia por la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, vulnera el principio de presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva al considerar culpable a Ruymán García de tráfico de influencias al emplear por cuenta del Ayuntamiento a una mujer de quien se decía que era pariente suya, algo que niega el exalcalde.

En declaraciones a Efe, García ha tachado de "injusticia" y "atropello" la decisión del Supremo, que ha opinado que se ha pronunciado solo desde una "intención ejemplarizante" que ha llevado a sus magistrados a cogerle como "chivo expiatorio", pero "sin entrar a leer los argumentos que se exponían en el recurso".

Según su versión de los hechos, la denuncia que llevó a su condena partió de "una ''vendetta'' política" de un alcalde al que él ayudó a separar del cargo respaldando una moción de censura y que le amenazó con acusarle de haber contratado a una mujer que se decía que era su "presunta hermana" ilegítima, si no daba marcha atrás.

En defensa de García, Eligio Hernández ha asegurado además que "lo único" que hizo su representado fue contratar en 2008 a Yaiza Mesa como monitora de la ludoteca del Ayuntamiento de Valle Gran Rey "de la misma forma que lo hizo el anterior el alcalde durante 30 años".

Un periodo en el que "nadie advirtió que era ilegal la forma de contratar", ha destacado el jurista

Hernández ha agregado que Ruyman García, en aquel momento primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Personal y Planificación, hizo ese contrato por orden del que era el alcalde, Esteban Bethencourt.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, se considera probado que Ruymán García firmó a Yaiza Mesa un contrato con "plena conciencia de su ilegalidad y en virtud de sus lazos personales".

El contrato, de 37,5 horas semanales, se extendió hasta el 3 de julio de 2008, con un salario bruto de 5.700,86 euros y unos gastos de Seguridad Social que ascendieron a 1.711,10 euros, se detalla en el pronunciamiento de la Audiencia.

Ruymán García insiste en que el Supremo ha confirmado esa sentencia "pasando de puntillas sobre el asunto" y sin analizar los argumentos que se planteaban en el recurso, "porque, si lo hubieran leído, verían que se había cometido una injusticia".

El exalcalde considera que su condena "no tiene fundamento" y se declara "convencido" de que, al revisarse su caso en el Tribunal Constitucional, "verán la gran injusticia" que se ha cometido con él.