Educador infantil y exdiputado por Las Palmas en el Congreso, Gustavo Santana fue reelegido ayer como secretario general de UGT Canarias en el sexto congreso ordinario de la organización sindical.

¿Qué promete los afiliados para este mandato?

Proponemos que el secretario de Juventud sea elegido entre todos los afiliados menores de 35 años, crearemos la Secretaría de Juventud -que se elevará a rango político- y de Atención a los Desempleados, así como otra de Atención a los Movimientos Sociales para fortalecer la Cumbre Social Canaria y estimular el acercamiento a todos los movimientos sociales dentro del marco de la estructura política. Reduciremos la estructura política del sindicato en la Ejecutiva de nueve a siete miembros, y todas las demás que dependen de UGT Canarias como son las uniones insulares, que solo tendrán de tres a cinco representantes.

¿Cómo está la situación financiera? ¿Y las afiliaciones?

Venimos atravesando un proceso de convergencia y gastos desde hace dos años y medio. Con las primeras acciones que llevamos a cabo hubo un ERE para 14 personas y también un ERTE, que fue el gran desconocido. Se intentó así equilibrar las cuentas y estimular los ingresos, pero caemos en el número de afiliaciones por lo que ahora tenemos muchas tensiones presupuestarias y quizás tengamos que hacer reducciones importantes. Los compañeros de UGT Canarias lo saben porque muchos meses no se les puede pagar el 100% de la nómina.

¿Entonces habrá más despidos y bajadas de sueldos?

Tenemos un debate sobre eso. Puede ser que haya nuevas extinciones de contratos o una reducción salarios de los trabajadores de UGT. La extinción es la última opción y la primera fase es la reducción de nuestras estructuras. También vamos a disminuir los miembros del comité regional, que ahora son 56, a 47 y compartiremos los gastos entre los distintos organismos hasta poner un orden para el cobro de las cuotas.

¿Pero cuántos afiliados hay?

Tenemos afiliados y cotizantes, -gente afiliada, pero que no paga la cuota-. Teníamos hace dos años y medio unos 35.000 cotizantes, pero ahora son 27.000.

¿Cuánto influyó Fundescan en esa bajada de afiliados?

Nos hizo y nos sigue haciendo mucho daño. Ahora hay incertidumbre jurídica en el ámbito mercantil porque sobre nosotros existe un embargo cautelar de las cuentas, bienes y derechos y eso pesa ante las entidades financieras. Ahora estoy convencido de que lo que hubo fue una mala gestión de caballo, pero no otra cosa, aparte de una campaña de desprestigio muy grave. Si al final hay una resolución que inculpe al sindicato, tranquilos, que se responderá, pero en la medida que le toque.

Ustedes denuncian la ausencia de diálogo social con el Gobierno regional. Eso junto a la actual tasa de paro, ¿qué escenario plantea?

Nos lleva al desastre absoluto, a una depresión económica y social. Gobierno canario y patronales confunden interesadamente el Consejo Asesor del Presidente, el Consejo Canario de Relaciones Laborales y la Concertación Social. A los empresarios les interesa la concertación social cuando se trata de distribuir los fondos finalistas del SCE para las grandes confederaciones, pero no para discutir el REF, la negociación colectiva ni la pobreza. Mientras en el resto de las autonomías se revierte la subida del paro, la situación es desastrosa en las Islas. El que no lo ve es porque no quiere.

¿Qué lo lleva a ratificar la apuesta por la huelga general contra el Ejecutivo autonómico?

Al Gobierno regional lo veo desorientado, no llega a entender lo que es la negociación colectiva, que es un acuerdo entre sindicatos y empresarios con plena lealtad y buena fe. Hasta el PSOE pide un volantazo al Ejecutivo regional, que está empeñado en disfrazar los datos del paro y solo sigue el dictado de la Consejería de Economía y Hacienda, pero ese departamento y Empleo no pueden estar en puntos antagónicos. La vicepresidencia del Gobierno está ausente, mientras que el presidente está preocupado en acudir a muchos actos. Y no nos preocupa el seguimiento que pueda tener la huelga: la clave de su éxito no está solo en cuántos acudan ese día, sino en explicar en los centros de trabajo la responsabilidad del Gobierno y los empresarios en esta situación. Si el Ejecutivo regional insiste en que no tiene responsabilidad en todo esto, ¿entonces por qué existe y para qué está el Estatuto de Autonomía?

¿Pactarán nuevos convenios colectivos con las patronales?

Las patronales siempre dicen sí a un acuerdo con la boca chica, pero no dan el paso. El secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), José Cristóbal García, dijo hace poco que había hablado tanto con el secretario general de CCOO Canarias, Juan Jesús Arteaga, como conmigo para un acuerdo de negociación colectiva y eso no es cierto. Lo que quería era que influyéramos sobre nuestros negociadores tan solo en el Convenio de Oficinas y Despachos de la provincia de Las Palmas, pero no lo hice. Le recomendé que respete el acuerdo nacional suscrito entre CEOE y los sindicatos mayoritarios.