Tras conocerse ayer el acercamiento de posturas entre las administraciones estatal y regional acerca de la futura ley sobre los sistemas eléctricos insulares -que en definitiva se traducirá en una aminoración de las limitaciones que impone a las inversiones de la empresa dominante en la generación en Canarias-, el director general de Endesa en las Islas, Pablo Casado, mostró ayer su "preocupación" por el futuro de las centrales hidroeléctricas reversibles -los denominados bombeos-, algo que "aparentemente" no ha sido abordado aún. La futura ley impone su trapaso al operador del sistema -REE-, pero Endesa se opone.

En un encuentro celebrado el jueves pasado, la consejera canaria del área, Francisca Luengo, y representantes del Ministerio de Energía, alcanzaron un acuerdo que el Ejecutivo regional calificó de "básico" que permitirá a Endesa realizar inversiones para generar luz sin perder el derecho a cobrar las compensaciones para ese tipo de actuaciones, si bien la ley seguirá dando prioridad al establecimiento de otras empresas.

El asunto había generado tensiones entre ambos gobiernos por que, entre otros motivos, el Ejecutivo regional está convencido de que planteado así el asunto, Endesa dejará de invertir en las Islas, lo que arriesgará el suministro. Además, criticaba que la futura ley imponía la necesidad de que los próximos proyectos de centrales tenían que contar con una autorización -que ahora no existe- que dependía solo del Estado, algo que también se matizó al incluir la participación de la comunidad.

Sin entrar en el fondo de las medidas acordadas -solo se pronunciará cuando sean oficiales-, Casado expresó su respaldo a "cualquier avance" que se realice a partir del diálogo, "que es lo que plateamos desde el inicio".

Y es que estos sistemas eléctricos, añadió, son "muy complejos", por lo que aboga para que lo que se apruebe al final "sea fruto del diálogo" y que incluya "todos los puntos de vista".

La ley, para fin de año

Francisca Luengo anunció ayer que la ley que reforma el sector energético en los territorios insulares y extrapeninsulares se aprobará, previsiblemente, a final de año y que el Gobierno de Canarias, que había anunciado iniciativas judiciales en su contra, esperará a que sea realidad con la confianza de que incluya las modificaciones incluidas en el acuerdo del jueves, que se incorporarán como enmiendas.