Los sindicatos canarios convocan a los ciudadanos a manifestarse el próximo 1 de mayo en defensa de los derechos sociales, que pueden verse muy mermados a partir de julio, cuando vence la ultractividad de los convenios (la disposición que los prorrogaba de manera automática si, a su término, no había acuerdo entre las partes).

Esta medida, incluida en la reforma laboral, deja sin efecto los acuerdos de los convenios colectivos, lo que provocará la pérdida de gran parte de los derechos adquiridos en la negociación colectiva por los trabajadores, que pasarán a regirse por el Estatuto de los Trabajadores, ha asegurado hoy durante una rueda de prensa el secretario insular de CCOO en Gran Canaria, Antonio Pérez.

Las marchas del Primero de Mayo están convocadas en todas las islas por los sindicatos CCOO, UGT, SOC, Intersindical Canaria, STAP, STU, USO Canarias, Sindicato de Elevación y Colectivo Independiente de Guaguas.

Pérez ha asegurado que la ultractividad de los convenios afectará a la recuperación económica de las islas e incrementará el desempleo, que ya ronda en Canarias la tasa del 33 por ciento.

A eso se une que seis de cada diez jóvenes en Canarias no tienen trabajo y que un 33,8 por ciento de la población vive actualmente bajo el umbral de la pobreza con escasos recursos y en una espiral creciente de exclusión social, se asegura en un manifiesto que los sindicatos harán público con ocasión del 1 de mayo.

Asimismo, denuncian que el salario medio de Canarias es un 15,3 por ciento inferior a la media del Estado y que los desahucios han dejado sin vivienda a un promedio de 24 familias al día en el último año.

Los sindicatos exigen "una acción decidida" por parte de la UE, el Estado, el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares para que la creación de empleo sea una prioridad que defina la elaboración de los presupuestos.

A su juicio, las instituciones no pueden seguir dando la espalda a un problema que afecta a gran número de canarios.

Las organizaciones sindicales destacan también el fracaso de la reforma laboral, que ha eliminado derechos y convertido en precarias las condiciones de los trabajadores, por lo que piden su retirada.

Igualmente, rechazan el recorte de los derechos fundamentales y la restricción de las libertades civiles que, a su juicio, lleva a cabo el Gobierno del PP, así como la "violencia" empleada por los cuerpos de seguridad del Estado contra quienes protestan por los desahucios u otras causas.

A su juicio, es necesario modificar la legislación hipotecaria de manera urgente, ya que la actual "está dejando sin casa a miles de personas" y hace falta garantizar un techo a todos los ciudadanos.

Los sindicatos denuncian también que el poder adquisitivo de las pensiones ha disminuido al no actualizarse en función de la inflación y que con su última reforma "se han sentado las bases de un esquema en el cual una pensión digna se está convirtiendo en un privilegio al alcance de unos pocos".

Asimismo, están en contra de los recortes que afectan a los inmigrantes, que colocan en una situación de exclusión social a muchas personas.

Todo esto se produce al tiempo que los ciudadanos pagan "la factura de multimillonarios rescates del sistema financiero", cuando las entidades financieras son causantes en gran parte de la crisis actual, aseguran las organizaciones sindicales.

Por todo ello, animan a los ciudadanos a movilizarse "para cambiar las cosas" y a participar en las marchas del próximo 1 de mayo, ha dicho Pérez.