Conforme al Principio número 5 de la Resolución A/RES/46/119 de la ONU, desde 1991 España debería disponer de una normativa específica para el traslado no voluntario de personas por razón de trastorno mental, algo que al día de la fecha no existe. Pero esta es solo una de las carencias que se observan en comunidades autónomas como la canaria, que carece de un registro de personas con trastorno mental grave sin techo y que necesitan ayuda especializada.

Esta afirmación fue hecha por Miguel Ángel Thous, médico forense y exdirector del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, con ocasión de la celebración el pasado jueves de una jornada, dirigida a agentes de seguridad y emergencias de Tenerife, sobre el traslado no voluntario de personas con trastorno mental. La conferencia, organizada por la Academia Canaria de Seguridad, contó con la asistencia de más de cuarenta profesionales.

Así, Miguel Ángel Thous explicó a este periódico que Cáritas elaboró en 2003 un estudio que indicaba que el 74,2 por ciento de las personas sin hogar padecía un trastorno mental grave o problemas de igual entidad por el consumo de alcohol y drogas, datos con los que no contamos actualmente en Canarias y que resultan determinantes para prestarles asistencia".

Muchas de estas personas, añadió, "mejorarían su salud mental si recibieran asistencia psiquiátrica, ya que por la gravedad de sus trastornos no pueden decidir por sí mismas y no se les puede dejar en la calle". Esta ayuda no se limita a las personas sin techo, pues otras muchas pueden precisar una valoración psiquiátrica urgente y no siempre quieren salir de sus casas e ir al hospital.

Por ello, Miguel Ángel Thous expuso una guía de actuación para el traslado urgente y no voluntario de personas por razón de trastorno mental, destacando que las claves son "actuar conforme al interés superior de la persona con discapacidad y llevar a cabo el traslado de la forma menos traumática".

"Muchas personas que sufren trastorno mental grave no tienen suficiente conciencia de su enfermedad, por lo que muestran actitudes defensivas. Por ello, se debe tratar de convencerlas y trasladarlas de la forma menos traumática. No por oponerse pueden ser reducidas y atadas sin más. Son personas y tienen derecho a la asistencia menos restrictiva posible, que ante todo deben ser respetadas y estamos obligados a asistir porque no podemos dejar que se estafen a sí mismas".

No obstante, añadió, "las dificultades al tiempo de intervenir en estos traslados son repetidamente fuente de desasosiego, conflicto y perjuicios, para las propias personas afectas de trastornos mentales, como para sus cuidadores y los que sufren sus alteraciones conductuales".

En razón a su experiencia precisó que "la actuación en esta materia exige gran capacitación y coordinación entre los profesionales llamados a intervenir, tener las ideas muy claras, mucha cintura y grandes dosis de sentido común, al darse numerosas veces situaciones de estado de necesidad, con el deber inaplazable de actuar, cada uno de forma específica y todos coordinados, sabiendo de antemano que se vulnerarán uno o más derechos fundamentales en aras de proteger otros que se hallan comprometidos".

Por ello, el especialista hizo hincapié en "la necesidad de que tanto las fuerzas de seguridad como los trabajadores sociales, el personal médico y los miembros de los servicios de urgencias y emergencias cuenten en sus sectores con profesionales de referencia, a los que puedan consultar en cualquier momento cómo proceder de la forma más segura, eficaz y menos traumática posible".

Y es que muchas personas con trastorno mental grave no reciben en Canarias la asistencia prevista en las normas sanitarias por falta de recursos. En algunas autonomías, como el País Vasco, se dispone de la asistencia psiquiátrica en mochila (el psiquiatra va donde está el paciente cuando este no acude a la consulta)", destacó Miguel Ángel Thous, quien recalcó "que una mejor asistencia ambulatoria desatascaría muchos servicios hospitalarios".

No son suicidios

Según la OMS, el suicidio es causante de más mortalidad que todos los conflictos bélicos del planeta. El número de personas que pierden la vida en Europa como en España por trastornos mentales es muy superior al de los fallecidos en accidentes de circulación.

"El fin de semana pasado se registraron nueve muertes en accidentes de tráfico y casi 13 por enfermedad mental conforme a sus índices en 2010, pero eso no se publicó en ningún sitio, por miedo a provocarlos, siendo personas que necesitaban ayuda", explicó Thous, quien destacó que "en Canarias hay una prevalencia de muertes por estas causas superior a la media nacional".

El doctor Miguel Ángel Thous reclama un tratamiento diferencial. Debe distinguirse que "cuando una persona padece un trastorno mental, no se puede hablar de suicidio, pues no será un acto ni libre ni voluntario como se define en la legislación vigente (art. 93 de la Ley del Contrato del Seguro)". En estos casos quitarse la vida será el síntoma más grave de su enfermedad mental, y estaremos ante una muerte violenta por causas naturales por causas psiquiátricas.

Thous considera esta diferenciación terminológica crucial en todos los informes médicos y sociales, atestados policiales y resoluciones judiciales, para no perjudicar más a los familiares, que después de ser testigos de la deficiente asistencia sanitaria, de haber visto cómo su familia se volvía patológica por resultar imposible convivir con una enfermedad mental, pierden a su ser querido y legalmente no se relaciona su muerte con el trastorno que padecía, saliendo gravemente perjudicados.

Esto es así porque al tildarse de suicidio, junto a sus antecedentes de tentativas suicidas o de ideas de suicidio, no cobrarán ese seguro de vida que siempre que se pide un crédito, una hipoteca o un pago aplazado hay que firmar. Por lo tanto, tiene que hacerse cargo de las deudas del ser querido después del fallecimiento, pues en estas pólizas no se contempla el suicidio ni la muerte por consecuencia de actos suicidas. Póliza que ejecutarían de haberse concluido que no fue un suicidio sino una muerte violenta por razón de trastorno mental, explica el experto.

Se trata de una circunstancia de aplicación en casi la totalidad de muertes autoinfligidas en las que ha intervenido en sus 24 años de experiencia profesional como médico forense.