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DIPUTADO COMÚN

Justicia y vivienda centran la mayoría de las quejas al Diputado del Común

Santa Cruz de Tenerife, EFE
28/may/12 14:35 PM
eldia.es
El Diputado del Común de Canarias, Jerónimo Saavedra (d), hace entrega del informe anual de la institución que preside, al Presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro./Ramón de la Rocha

El Diputado del Común recibió en 2011 un total de 1.217 quejas relacionadas en su mayor parte con la justicia, la vivienda, el medio ambiente, las actividades clasificadas y la aplicación de la ley de dependencia, dijo hoy el titular de la institución, Jerónomo Saavedra.

Así lo manifestó hoy Saavedra en declaraciones a los periodistas tras entregar al presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro, el informe correspondiente al año pasado, del que subrayó que se trata de una situación "sin precedentes" porque ha debido elaborarlo en función de la actividad realizada por su antecesor, Manuel Alcaide.

Ello implica que tendrá que defender en pleno y en comisión parlamentaria "lo que yo no he gestionado" pero que hará "por deber legal" y porque "no me dedico en mi vida a estar valorando herencias ni cosas por el estilo y yo actúo a partir del momento que asumo la responsabilidad", aseveró Saavedra.

Explicó que en 2011 se recibieron 1.217 quejas, de las que fueron admitidas 824 y de esta cifra, 168 fueron derivadas a la Defensora del Pueblo por afectar a cuestiones de ámbito estatal.

Detalló Saavedra que los ciudadanos que han formulado quejas ante el Diputado del Común también tratan cuestiones relacionadas con la fiscalidad, esto es con el caso de multas y tasas que las administraciones han cobrado dos veces y se resisten a devolver el importe al ciudadano.

También hay quejas en torno a las listas de espera en sanidad y relacionadas con la situación de los menores, sobre lo que recordó que Manuel Alcaide hizo un estudio.

Añadió Jerónimo Saavedra que ha emprendido de oficio la iniciativa de dirigirse al Parlamento y a los cabildos para resolver el problema de la falta de plazas de discapacitados intelectuales graves que además tienen una personalidad agresiva, y que carecen de lugares de acogida.

El Diputado del Común auguró que este año se producirá un incremento notable en el número de quejas formuladas ante la institución porque en los cinco meses transcurridos este año ya superan las 700.

Si se mantiene este ritmo habrá un incremento en el número de quejas por parte de los ciudadanos que responde, a juicio de Saavedra, a la situación de crisis y a que la propia institución del Diputado del Común "está dando a conocer cuáles son sus objetivos en una sociedad que no está del todo bien informada" sobre su labor.

Añadió que la institución trata de mejorar la eficiencia de sus propios trabajadores entre ellos, de los que "mal se llaman" asesores pero que son técnicos, agregó, porque la palabra "asesor" está establecida en la ley "pero no tiene nada que ver con lo que normalmente otros cargos públicos llaman asesores y cesan cuando cesan ellos".

Se trata de técnicos superiores de la administración que llevan "14 o 16 años" trabajando para el Diputado del Común, cuya idea es, cuando se supere la crisis, convocar una oferta pública de empleo para que esos asesores "pasen a llamarse letrados del Diputado del Común, porque esa es la tarea que tienen que desarrollar", especificó Saavedra.

En cuanto a las críticas del PP, que ha pedido la supresión de la institución por el coste y el reducido número de quejas que tramita, Jerónimo Saavedra objetó que éstas han aumentado, así como las cartas de agradecimiento de los ciudadanos que han visto solucionados sus problemas.

Ello pone de relieve que la institución es necesaria para mantener una vida democrática que no esté exclusivamente reducida a la formalización de ir a votar cada cuatro años, precisó.

"Creo que los defensores del pueblo son instituciones para mejorar y perfeccionar la democracia y así ha pasado en todas las constituciones a partir de la posguerra, de 1945, pues casi todas han creado la figura del "Ombudsman", del Defensor del Pueblo, y así lo hizo la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Canarias, uno de los primeros en crearla", manifestó Saavedra.

En cuanto al coste de la institución, afirmó que no le parece que se justifique con las críticas porque "si se trata de dar ejemplo", prosiguió, Saavedra ya ha tomado la decisión de ahorrar 130.000 euros en alquileres.

Otras cosas no dependen de él sino de los grupos parlamentarios, como la decisión de nombrar o no adjuntos al Diputado del Común, explicó Saavedra.

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