El lento funcionamiento y la burocratización alcanzada en la asignación de plaza a las personas enfermas de alzhéimer o de otras demencias seniles en la isla de Tenerife han dejado 14 disponibles desde el pasado mes de diciembre que aún no han sido ocupadas, según confirmaba a EL DÍA Manuel Negrín Ruiz, presidente de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer.

La asociación cuenta con dos dependencias de estancia diurna y una tercera concedida e inhabilitada como tal porque está pendiente de que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias que lidera Inés Rojas -administración que tiene las competencias en servicios, prestaciones y ayudas sociales dirigidas a la población en general- "habilite las 25 plazas de las que se dispone y las abone, y al día siguiente estaríamos trabajando allí porque tenemos el personal dispuesto para empezar cuando sea", afirma Negrín.

No obstante, actualmente cuentan con 85 plazas repartidas en dos centros de día y de ellas 14 plazas sin ocupar. "Tú me dirás si en la lista de la Ley de Dependencia no hay 14 personas que padezcan alzhéimer", se pregunta el director de Afate.

Solo en esta asociación los usuarios detectados que se ha comprobado que necesitarían este recurso "son al menos 15 personas que han realizado la solicitud de prestaciones de la Ley de Dependencia, pero no han sido evaluadas, y como no están evaluadas tampoco tienen la confirmación aunque podrían entrar mañana mismo", explicó.

Afate está sufriendo la lentitud de los procesos administrativos y, por tanto, de las evaluaciones posteriores que se realizan a los demandantes. Sobre la paralización que se produce justo en el punto donde se decide "a quién enviar a los centros", el área de Bienestar Social del Ejecutivo regional argumenta que "no se puede realizar ninguna asignación hasta que no estén definitivamente confirmados después de haber sido evaluados". El problema es que el departamento que tiene que valorar tiene centenares de expedientes entre los que se encuentran los de los solicitantes.

Lo paradójico de este asunto es que la consejería "está pagando la parte del coste de unas plazas que no se están ocupando actualmente, cosa que ocurre desde que el Gobierno autonómico se hizo cargo de su gestión", y producto de esta situación las listas de espera se incrementan cada día más.