El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández, ha informado este lunes de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aceptado la petición del Ejecutivo canario de desplazar las secciones de la Audiencia Provincial de Las Palmas a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Una reivindicación que, según ha comentado el consejero canario tras reunirse en Madrid con los vocales Margarita Robles, Manuel Almenar, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel, ha sido valorada de "acertada, ajustada y necesaria" y que servirá, además, para abaratar los costes judiciales que suponen los desplazamientos de estas islas a Las Palmas. Por ello, se ha mostrado esperanzado en que este asunto "sea una realidad" a partir del verano.
Asimismo, Hernández ha explicado que será la Consejería de Presidencia la que asuma estos gastos y que, incluso, ya está en condiciones de hacer efectivos estos pagos aunque primero se necesita que el acuerdo de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del CGPJ.
"Esta es una demanda muy acentuada en las islas y les aseguro que la consejería de Presidencia tiene dispuestos los créditos y las indemnizaciones para que esos jueces se desplacen inmediatamente", ha insistido el consejero.
Por otra parte, los responsables del CGPJ y del Gobierno de Canarias han coincidido en la necesidad de habilitar un programa de formación específico para desempleados, en colaboración con la Consejería de Empleo del Ejecutivo canario, que permitirá contar con personas que conozcan "de antemano cómo funcionan las herramientas y las aplicaciones" antes de incorporarse a los trabajos de la Administración judicial.
COMPROMISO CON GALLARDÓN PARA MODERNIZAR LA JUSTICIA
Asimismo, el consejero canario ha mantenido también una reunión con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, donde se han comprometido a trabajar en el proceso de modernización de la Justicia, tanto en Canarias como en el resto de España, a través de una "mayor coordinación y colaboración".
En concreto, según ha explicado, Gallardón le ha transmitido su propósito de modificar la ley orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta. Esta última, ha apostillado, afecta principalmente a Canarias ya que la normativa que rige en la zona es del siglo XIX.
"Los partidos judiciales en toda España, y particularmente en Canarias, tienen que redefinirse y nosotros apoyamos esa nueva planta judicial" ha comentado para señalar que, además, el ministro se ha comprometido a profundizar en los sistemas de comunicación entre la nueva oficina judicial y los operadores jurídicos.
Este compromiso, adquirido ya por el anterior ministro Francisco Caamaño, supondrá una "auténtica revolución" en las comunicaciones en el ámbito de la Administración de Justicia.