El Gobierno canario ha anunciado hoy que agotará todas las acciones jurídicas a su alcance para frenar "el atropello y el desprecio a los intereses de Canarias" que, a su juicio, comete el Estado al autorizar prospecciones petrolíferas frente a Fuerteventura y Lanzarote.

El portavoz del Gobierno canario, Martín Marrero, ha asegurado esta tarde que las autorizaciones que tramita el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en aguas situadas al nordeste del archipiélago vulneran las competencias que conceden a la comunidad autónoma la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las Leyes de Aguas de Canarias y del sector de los hidrocarburos.

De acuerdo a estas normas, las competencias para otorgar las autorizaciones de exploración y los permisos de investigación de hidrocarburos están atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias, "tanto en tierra como en las aguas adyacentes al archipiélago en los términos que en este caso corresponderían al Estado", según el Ejecutivo canario.

Por ello, el Gobierno de Canarias "no desmayará en el cumplimiento de la obligación de defender su marco institucional y, en particular, la integridad de las competencias estatutarias y, en tal sentido, se propone recurrir a todas las medidas que sean legalmente procedentes".

Martín Marrero ha expresado además la preocupación que esas prospecciones suscitan en la comunidad autónoma debido sus posibles repercusiones sobre el medio ambiente, por lo que ha demandado que se haga un estudio detallado al respecto.

El Gobierno canario recuerda que la ausencia de un adecuado control medioambiental llevó a que el Tribunal Supremo anulase en 2004 el real decreto por el que tres años antes se concedieron a Repsol permisos de investigación de hidrocarburos en esa misma zona.

Para Marrero, recuperar ahora aquellos permisos de 2001 "está fuera de cualquier sentido común" y supone "una falta de respeto al Derecho" que "no parece revestida de buena fe".

El Gobierno canario considera que el Ministerio no ha subsanado como debe las deficiencias; ni lo hizo en el año 2005, cuando intentó por primera vez rehabilitar los permisos de investigación, ni lo ha hecho ahora, porque "las medidas medioambientales no son meros documentos formales de planes o programas que incorporar a los expedientes administrativos para que éstos estén completos".

Esas medidas son directivas de funcionamiento que han de estar contrastadas con las actuaciones pretendidas para que éstas no perjudiquen gravemente el medio en que se van a aplicar, indica el Gobierno canario.

Desde que el Tribunal Supremo anuló en el año 2004 el real decreto de 2001, y desde que por primera vez se intentó la convalidación del real decreto, en el año 2005, "el proyecto de los permisos de investigación no ha cambiado ni se ha movido en absoluto, pero sí lo ha hecho todo lo demás, desde las circunstancias de hecho hasta el marco normativo", añade el Ejecutivo canario.

Por ello, pretender que en el año 2012 todo siga igual que en el 2001 y en el 2005 "no respeta principios jurídicos elementales de seguridad jurídica y hasta de equidad y de derechos de los particulares y de interés general".

En ese periodo de tiempo el Gobierno de Canarias ha reivindicado sus competencias en el mar impugnando entre otras precisamente la Ley del sector de hidrocarburos, ha entrado en vigor la Ley de aguas canarias y la protección del medio ambiente canario se ha reforzado con la declaración de Zona Especialmente Sensible por la Organización Marítima Internacional.