El exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria Jerónimo Saavedra ha firmado hoy su baja en el PSOE, en el que ha militado casi 40 años, para optar formalmente al cargo de Diputado del Común de Canarias, responsabilidad para la que le han propuesto CC y el PSC y para la que se prevé que sea nombrado la próxima semana.

Saavedra ha explicado que "duele" abandonar formalmente el partido político en el que ha forjado su dilatada carrera política, en la que ha sido diputado socialista por Las Palmas en las primeras cortes constituyentes (1977), presidente del Gobierno canario, ministro en dos ocasiones con Felipe González y alcalde de la capital grancanaria en la pasada legislatura.

Sin embargo, ha afirmado que "hay que cumplir con las leyes", tal y como han hecho compañeros suyos "con más años de antigüedad en el partido", como Enrique Mújica.

En cualquier caso, para Saavedra, más allá de la militancia formal, lo importante es el sentimiento, "que no le puede quitar a uno ninguna ley".

Saavedra ha considerado que el cumplimiento de esta disposición legal persigue que quien presida esta institución "esté con absoluta independencia para primar o rechazar las propuestas que vengan de ciudadanos más o menos identificables y para que vayan hacia instituciones próximas".

En relación a la eliminación de esta institución, por la que apuesta el PP, el exministro de Educación y Ciencia y de Administraciones Públicas ha considerado que el que quiera eso en Canarias tiene oportunidad de plantearlo cuando se reforme su estatuto de autonomía, marco del que deriva la creación de esta figura como comisionado del Parlamento.

A juicio de Jerónimo Saavedra, la razón por la que esta institución ha resultado "herida en los últimos años" es porque el Diputado del Común saliente, Manuel Alcaide, ha repetido mandato, "no por desee de él, sino porque en el Parlamento no lograron ponerse de acuerdo elegir un sucesor".

Para fortalecer el Diputado del Común, hay que darle la máxima publicidad para que sea conocido por el mayor número posible de ciudadanos, para que de esa manera confíen en esa institución, en la que trabaja personal administrativo y laboral propio y eventual, que son quienes dictaminan si el ciudadano tiene razón en su queja contra una determinada administración.

Como "extensión que es del Parlamento", ha dicho, el Diputado del Común puede dar cuenta al Ministerio Fiscal de que una "administración, un alcalde o un consejero puede incurrir en desacato" al no contestar de forma reiterada a sus apercibimientos.