Canarias

Aumenta el número de solicitudes de ayuda social, pero no los recursos

La mayoría de las quejas sobre servicios sociales que recibió el Diputado del Común el año pasado hacían referencia a la lentitud de las ayudas de emergencia. Según señala Manuel Alcaide en su informe, las reclamaciones han aumentado, sobre todo las referidas a escasez de recursos y retrasos en las prestaciones.
G.J., S/C de Tenerife
10/jun/11 1:40 AM
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Las quejas referidas a los asuntos sociales no hacen sino aumentar a medida que pasa el tiempo, según refleja el informe del Diputado del Común de 2010: "Las situaciones a las que aludimos en el año anterior continúan dándose e, incluso, en algunos casos han aumentado el número" de reclamaciones, según se asegura en el documento.

En concreto, las quejas que más se recibieron el año pasado, un total de 49, hacían referencia a la "escasez de recursos y de retrasos en la tramitación de prestaciones económicas", lo que ha provocado que Manuel Alcaide no haya podido hacer un informe "más satisfactorio que el anterior ejercicio. Todo lo contrario".

El Diputado del Común destaca en su informe que los ayuntamientos "no dan abasto en la tramitación de solicitudes de ayuda económica".

Frente a este aumento en las peticiones, que se multiplicó en un año, "el personal y los recursos apenas han aumentado en la proporción necesaria para atender el número de personas que acuden, por primera vez, a los servicios sociales en busca de una ayuda de emergencia".

Y es que, según destaca el informe, las quejas por los retrasos en las ayudas de emergencia representaron el mayor número de reclamaciones que se le entregaron en 2010, en cuanto al área de servicios sociales se refiere, frente a otras de larga duración, como las pensiones no contributivas y las ayudas económicas básicas.

En este sentido, el Diputado del Común señala que no se han registrado tantas quejas referidas a retrasos de este último tipo de solicitudes, puesto de conllevan otro tipo de tramitación y se otorgan al cabo de varios meses.

En relación a las ayudas de emergencia social, el informe explica que, principalmente, las quejas recibidas hacían referencia a demanda de ayuda para cubrir la compra de alimentos y gastos de primera necesidad, así como el pago de recibos de servicios como suministro de luz y agua.

Muchas otras reclamaciones fueron presentadas por madres solteras, viudas o divorciadas con hijos menores a su cargo que no disponen de ingresos, ya porque el padre no cumple con la pensión de alimentos, porque no han solicitado la pensión de viudedad o porque la pensión que perciben no les alcanza para mantener a su núcleo familiar.

El informe destaca que la gestión de las quejas de madres solteras sin ingresos fue complementada con "la orientación de las reclamantes hacia el proceso judicial de medidas judiciales sobre pensión alimenticia de los menores o modificación de tales medidas".

Perfil del solicitante

El Diputado del Común señala que el perfil de los ciudadanos que solicitaron su intervención por problemas con la Prestación Canaria de Inserción era el de una persona desempleada "que ha visto agotada su prestación y de personas que no disponen de recursos económicos para mantener a su familia y no pueden depender, exclusivamente, de las ayudas de emergencia".

A juicio del Diputado del Común, las quejas recibidas durante el año pasado "indican un aumento considerable de solicitudes retrasadas de concesión de la Prestación Canaria de Inserción, así como de solicitudes de renovación de las ya concedidas".

Frente a este claro crecimiento de la demanda de ayuda en las Islas, causado por la delicada situación económica, el Diputado del Común resalta que no se ha realizado un aumento proporcional de los recursos disponibles ni del personal suficiente para atender la demanda.

A juicio del Diputado del Común, Manuel Alcaide, el resultado del informe "ha puesto en evidencia la efectividad de estos programas de integración, que dependen de una buena evaluación de la exclusión social de la unidad de convivencia, de unos planes de inclusión que busquen, en directo, no una contraprestación, sino la integración social; de unos recursos metodológicos y personales a la altura del reto y de una estructura de recursos suficientes y que estén debidamente coordinados que eviten el retraso en la tramitación".