Canarias

Alcaide reclama medidas para evitar fraudes en la admisión de alumnos

El Diputado del Común propone a la Consejería de Educación que recabe de la administración tributaria y los ayuntamientos la información sobre la renta familiar y la proximidad al centro escolar, dos de los criterios que se tienen en cuenta para conceder las plazas, para prevenir la "manipulación y falsedad" de los datos.
MIGUEL GÓMEZ, S/C de Tfe.
27/may/11 1:30 AM
Edición impresa

El Diputado del Común quiere que la Administración educativa se implique para evitar "posibles conductas fraudulentas" en los procesos de admisión de alumnos en centros de enseñanza de las Islas. En el informe al Parlamento canario correspondiente al año 2010, la institución dirigida por Manuel Alcaide vuelve a hacerse eco de las quejas planteadas por las familias afectadas por este problema, que ha supuesto la apertura de una investigación, tal y como el Diputado anunció en la anterior edición del informe.

Alcaide ha remitido una carta a la consejera de Educación del Gobierno regional, Milagros Luis Brito, a quien sugiere que su departamento debe intervenir de forma más directa en estos procedimientos. En concreto, propone que sea la Consejería la que recabe de los ayuntamientos o la administración tributaria los datos sobre la proximidad del domicilio de los solicitantes al centro educativo, uno de los criterios que puntúan para acceder a una plaza.

Educación también habría de intervenir, a juicio del defensor del pueblo de Canarias, en el proceso de acreditación de los ingresos familiares, otro de los criterios que se tienen en cuenta, para evitar "la posible ocultación de datos" -como declaraciones complementarias no aportadas- o su "falsedad". Por ello, le pide que obtenga esta información de la administración tributaria o que "en su defecto, en vez de dar validez a la copia de la declaración del IRPF presentada por los interesados, exija la presentación de una certificación de ingresos totales expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria".

"La Administración educativa (...) podría recabar la información directamente de las administraciones públicas implicadas sin dar alternativa de su acreditación a los solicitantes, evitando así la posible manipulación y falsedad de los datos aportados al no ser posteriormente contrastados de oficio con dichas administraciones", argumenta el órgano dependiente del Parlamento en su último informe.

Aunque reconoce el esfuerzo realizado por la Consejería para "garantizar una plaza escolar gratuita a todas las solicitudes y cumplir la norma vigente en cuanto al control del procedimiento", el Diputado del Común justifica la investigación que ha emprendido por la "insuficiente oferta de plazas", la "preocupación de los padres defraudados al no admitir a sus hijos en un centro de su elección" y la necesidad de "hacer una reflexión acerca de la eficacia del procedimiento establecido" y la posibilidad de "analizar un cambio normativo en aras de la seguridad jurídica que garantice la transparencia, objetividad e igualdad inherentes a este tipo de procesos".