El retraso en la Administración de Justicia es la principal queja que durante 2010 remitieron los canarios al Diputado del Común, Manuel Alcaide, que ayer presentó su informe ante el presidente del Parlamento de Canarias, Antonio Castro.
Alcaide, tras reunirse con el presidente de la Cámara regional, indicó a los periodistas que durante el pasado año se produjeron en total unas 1.400 quejas de ciudadanos canarios y que las referidas al retraso en la Justicia acumulan 138.
"Hemos retrasado la entrega del informe al Parlamento para no interferir en las elecciones del 22 de mayo y, en general, el número de quejas es parecido a las del 2009", aseguró el Diputado del Común, quien señaló que en otras Comunidades autónomas también se había optado por retrasar la entrega del informe por los comicios electorales.
Manuel Alcaide, respecto a las quejas sobre el funcionamiento de la Justicia en Canarias, recordó que los defensores del Pueblo en España no tienen jurisdicción sobre las administraciones de Justicia porque son órganos independientes y dependen del Consejo General del Poder Judicial (CGPG).
"El único Defensor del Pueblo que puede dirigirse a los juzgados, no para supervisar sino para preguntar, es el Diputado del Común canario en virtud de un acuerdo firmado con el CGPG", subrayó Manuel Alcaide.
"La mayoría de las reclamaciones son de ciudadanos que tienen pleitos y que se retrasan; y los órganos judiciales contestan a nuestras solicitudes pero existe un enorme retraso en la Administración de Justicia", agregó el Diputado del Común.
A las quejas sobre la lentitud de la Justicia durante el pasado año les siguen reclamaciones sobre Educación (124) y, con menos de cien, sobre Economía y Hacienda, sobre todo por el retraso en los pagos de las administraciones públicas a los acreedores; Trabajo, Función Pública, Mayores y Vivienda, destacó el Diputado del Común, Manuel Alcaide.
Respecto a los detalles de la memoria del Diputado del Común de 2010, Manuel Alcaide indicó que habrá que esperar a la rueda de prensa que dé el Parlamento canario, como es costumbre, para conocer las quejas con mayor precisión.