Solo a partir del próximo año las empresas y fundaciones dependientes de la Administración regional rendirán cuentas bajo los mismos criterios por primera vez. Aunque el Ejecutivo publicó ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la orden que regula el contenido del informe de gestión que los entes públicos deben presentar, su aplicación queda postergada -con carácter general- durante lo que resta de legislatura, y también en todos los casos en la que la gestión se refiera a intervenciones plurianuales, que tendrán que esperar al desarrollo del respectivo programa de actuación autonómico.

A grandes rasgos, los informes de los entes canarios deben incluir los datos de carácter presupuestario, la información relativa a la ejecución de los contratos-programas, la relativa a las contrataciones, sobre garantías recibidas, acerca del personal, de los ingresos por ventas, sobre las operaciones financieras, el plan económico financiero de saneamiento a medio plazo, la proyección del cierre del ejercicio siguiente así como los objetivos y los indicadores de gestión relacionados.

"Todo eso está muy bien, pero lo harán otros", ironizó ayer el portavoz en materia económica del Partido Socialista Canario (PSC), Blas Trujillo. "La norma está diseñada no solo para que nadie la cumpla en esta legislatura, sino para que tampoco entre en vigor hasta que se agote el próximo año, lo que es injusto".

Pero el interventor general de la Comunidad Autónoma, Jesús Velayos, asegura que su departamento desde 2006 elabora un "informe de cumplimiento", que sirve para controlar con medios de la Intervención General a las empresas y fundaciones canarias.

Es un control "añadido" que luego pasa por la Audiencia de Cuentas de Canarias. "El informe no lo hacían las empresas, sino la Comunidad Autónoma que, además, no tenía difusión y por eso los ciudadanos desconocían su contenido", añade.

Según Velayos, ambas circunstancias movieron al consejero de Economía y Hacienda, Jorge Rodríguez, a poner en manos de las propias empresas la elaboración del informe "a efectos de una mayor transparencia".

Pero Trujillo no está de acuerdo. "Los informes no serán más fáciles de conseguir para el ciudadano ahora que antes", contradice.

"El Gobierno aprueba esta orden ahora porque las empresas no presentan informe alguno o lo hacen solo con la parte de la información que menos compromete su gestión", asegura el portavoz económico del PSC.

En lo que ambos coinciden es que la norma permitirá conocer mejor la situación real de las empresas y fundaciones públicas con los parámetros incluidos en la orden.

"Se trata de ver quién está bien, quién está mal y cómo hacen las cosas todos", explica Velayos. "pero el informe de cumplimiento ya lo estaban haciendo los entes desde 2006 y es bastante completo y exhaustivo", reitera. "Si eso fuera cierto, ¿para qué aprueban esta norma ahora?", se pregunta en cambio Trujillo. "Claro que no es verdad que los entes den una información uniforme al cierre de cada ejercicio: algunas ni siquiera presentan datos", lamenta.

Velayos justifica que la norma no entre en vigor de inmediato con el argumento de que las empresas necesitarían montar un sistema para la recogida de información con carácter retroactivo si se aplica desde 2010, lo que sería "ineficiente" al suponer un coste "muy grande".

El interventor general recuerda, en todo caso, que ya hay un antecedente en el retraso de la entrada en vigor de este tipo de normas. "El Plan Contable, que se aprobó en 2007, retrasó su aplicación hasta el año siguiente porque los sistemas de información de las empresas están diseñados para lo que están diseñados y eso no se puede cambiar sobre la marcha".

Trujillo ve en el argumento del interventor general la confirmación de que los entes canarios presentan datos distintos. "Si todos emplearan los mismos parámetros no necesitarían adaptar nada: ya estarían cumpliendo con lo que dice la norma", asegura.

El diputado socialista también criticó que habiendo sido José Manuel Soria el consejero del área la mayor parte de la legislatura, fuera "casi al final" Rodríguez el que sacara adelante la norma.

nuevos informes

Más información y más detallada

La orden del Gobierno busca desagregar una información que, ahora, es "casi imposible" de obtener a partir de los propios instrumentos que elaboran los entes sobre sus resultados, sentencia Trujillo.

Entre otros aspectos, ahora las empresas y fundaciones de la Comunidad deben informar sobre la liquidación de los presupuestos para incidir en asuntos como los importes previstos, las modificaciones aprobadas o las desviaciones realizadas. También tendrán que dar las cuentas por Islas del importe de lo ejecutado por las actuaciones de inversión real, así como una información regionalizada acerca de las actuaciones correspondiente a ese ámbito.