El Gobierno de Canarias anunció hoy que está "preocupadísimo" por los efectos que tendrá en las islas la supresión a partir de febrero de la ayuda de 426 euros a los desempleados de larga duración.
La consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, dijo en el pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta del PP sobre el asunto, que es "imposible" que el Gobierno regional pueda asumir ese pago a partir de febrero, dado que también las comunidades autónomas están obligadas a recortar su gasto.
"El Gobierno de canarias está muy preocupado, preocupadísimo, ante esta situación", subrayó Inés Rojas, quien explicó que la prestación de inserción social que otorga la administración canaria no está pensada para desempleados, sino para personas en situación de exclusión social.
La consejera dijo que ante la situación de desempleo y necesidades sociales, el Gobierno canario ha decidido mantener el fondo de financiación municipal en 248 millones de euros y ha firmado un convenio con los municipios por 22 millones de euros para mantener las prestaciones básicas.
También se ha aplazado a los ayuntamientos hasta 2013 el pago al Gobierno de Canarias de 38 millones de euros en anticipos que deben devolver.
La consejera anunció que se firmarán convenios con Cruz Roja y Cáritas "para hacer frente a estas situaciones".
La diputada del PP María del Mar Arévalo denunció que a partir de febrero, con la supresión de la ayuda a los desempleados de larga duración, "vamos a encontrar a muchas personas enojadas y con graves necesidades sociales que se sienten estafadas por el Gobierno de la nación".
Arévalo acusó al Gobierno central de haber derrochado los ahorros de los españoles en ayudas indiscriminadas en las que no se tuvo en cuenta el nivel de renta de los perceptores, como las subvenciones por nacimientos de hijo y la devolución de los 400 euros del IRPF.