Los afectados por una supuesta mala praxis del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario de Canarias (HUC), la madre de un bebé que falleció después de nacer en el mismo centro hospitalario y la familia de un joven que cayó fulminado días después de haberse sometido a una intervención quirúrgica han presentado, a través de su abogado, un escrito en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en la que solicitan al consejero (Fernando Bañolas) que sea más sensible con su situación de indefensión y que se cumplan los plazos de resolución que establece la ley.

"Hablamos de casos en los que el Servicio Canario de Salud (SCS) no ha querido a entrar a valorar el fondo de la cuestión o que directamente no ha dado respuesta alguna tras años de espera", explica el letrado, José Luis Langa, que asegura que "cualquier dilación de más de un año no se justifica de ninguna manera".

Según Langa, sus representados "no piden que se resuelvan sus casos de forma positiva; lo que quieren es que el Gobierno se pronuncie para ellos poder actuar en consecuencias, pero lejos de eso el SCS guarda silencio y eso les lleva al desánimo e incluso a querer tirar la toalla pese a estar convencidos de que llevan la razón".

En el caso de los afectados de cirugía cardíaca el SCS ha resuelto que son casos prescritos, algo que Langa no comparte "por que nunca se entró a valorar lo que pasó en los quirófanos del HUC".

En el caso de Luz Marina Lo Cascio, se trata de una madre que hace 4 años presentó una demanda patrimonial tras la muerte súbita de su hijo al poco de nacer, pero el caso más llamativo es el de Margarita Poggio, que espera desde hace más de seis años a que Sanidad se pronuncie sobre qué motivó el fallecimiento de su hermano escasos días después de haber sido intervenido por una apendicitis.

"Ya se ha remitido el escrito a la Consejería de Sanidad, pero se hará lo mismo en el Parlamento de Canarias y el Diputado del Común los próximos días para que se sensibilicen con la situación de estas personas, puesto que muchas de ellas se encuentran en tratamiento psicológico como consecuencia de las presuntas negligencias médicas, sin que puedan cerrar ese capítulo definitivamente porque el Servicio Canario de Salud no se pronuncia", sentencia Langa.