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El Gobierno quiere ahorrar 40 millones eliminando cuatro empresas públicas

El consejero regional de Economía y Hacienda, Jorge Rodríguez, advierte de que antes de seis meses habrá que reducir el 15% de las empresas públicas y fundaciones dependientes del Ejecutivo. Sin embargo, asegura que no se perderán puestos de trabajo. Gestión del Medio Rural puede ser una de las afectadas.
O. GONZÁLEZ, Tenerife
14/ene/11 7:48 AM
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Aunque con algún matiz sobre lo que había propuesto el Partido Popular antes de su salida del Ejecutivo regional, el actual consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario, Jorge Rodríguez, advirtió ayer de que en un plazo de seis meses se reducirán un 15% las empresas y fundaciones públicas, aunque aseguró que no se verá afectada la continuidad de sus trabajadores.

Con esta medida, que Rodríguez anunció ayer en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, el Ejecutivo canario quiere ahorrar unos 40 millones de euros, esto es, un 20% del gasto de todas las empresas.

El consejero apuntó que la medida afectará a entre dos y cuatro empresas, de titularidad pública, en tanto en cuanto el proceso es más complejo en aquellas con accionistas externos al Gobierno autónomo.

En este sentido, Jorge Rodríguez, que no quiso desvelar qué empresas y fundaciones podrían extinguirse, subrayó que se aplicará desde ahora una serie de medidas para aumentar el control sobre estas entidades y garantizar la correcta aplicación de la corrección presupuestaria en sus 3.400 trabajadores.

El consejero indicó que el objetivo de estas medidas es "dejar saneado" el sector público empresarial, para luego poder acometer futuras fusiones, una idea que ya barajó el anterior consejero de Economía, José Manuel Soria.

Para ello, las empresas y fundaciones públicas deberán cumplir con las restricciones de gasto que prevé la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2011 sin generar déficit. Así, el acuerdo del Gobierno obliga a la denuncia de las cláusulas de los convenios colectivos negociados recientemente en las empresas públicas y fundaciones para la aplicación de la Ley 7/2010 -establece las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público-, que hayan supuesto concesiones en compensaciones salariales o extrasalariales o a cualquier otra cláusula de recuperación automática de la reducción realizada.

Al respecto, las consejerías de Economía y Hacienda y Presidencia, Justicia y Seguridad elaborarán las instrucciones con los criterios a los que deben adaptarse todos los convenios colectivos o acuerdos de las empresas públicas y fundaciones, al menos en lo que respecta a retribución por antigüedad, edad de jubilación, jornada laboral, vacaciones y permisos.

"Con esto se aumenta el control sobre los convenios colectivos y acuerdos laborales en estas entidades públicas y se obliga a que las posibles modificaciones deban contar con un informe previo de Función Pública y Presupuestos, que en caso de ser desfavorable llevará aparejada una instrucción para su no suscripción", aclaró Rodríguez, quien insistió en que "no puede haber privilegiados en el sector público".

El Ejecutivo aumenta, además, el control y la exigencia sobre las cuentas del sector público, y para ello las citadas entidades deberán entregar a la Consejería, antes del 15 de febrero, un análisis de impacto socioeconómico de las actividades que realizan sin obtener ingresos.

También deberán informar de las medidas que pretenden adoptar para maximizar los ingresos sin que suponga competencia desleal con el sector privado, y sobre las medidas aplicadas en 2010 y las previstas para 2011 para la imprescindible reducción de gastos, debiendo cuantificarse el impacto de las mismas. Además, todas las empresas deberán realizar un informe de viabilidad en un plazo de dos años y entregarlo a la Viceconsejería de Hacienda antes del próximo 15 de febrero.

Este informe debe reflejar la situación económica y la posibilidad de afrontar los pagos previstos y no exime a aquellas empresas que presenten déficit en 2010 de aportar el preceptivo plan económico-financiero a medio plazo.

Rodríguez subrayó que el acuerdo exige la inmediata presentación de este plan respecto a las empresas públicas y fundaciones que han incurrido en pérdidas y que aún no lo han presentado, y advirtió de que el Gobierno no realizará aportación económica o transferirá subvención alguna en 2011 a estas empresas hasta que no presenten dicho plan.

ayuntamientos

Sólo cuatro saneados

Sólo cuatro de los 87 ayuntamientos canarios -faltó Betancuria por evaluar- cumplen todos los indicadores de saneamiento económico y financiero, según las auditorías realizadas a los consistorios canarios sobre la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2009. Así lo indicó ayer el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, en una rueda de prensa en la que indicó también que estos cuatro ayuntamientos son Granadilla de Abona, Guía de Isora, La Matanza de Acentejo y Alajeró. En 2008 también fueron cuatro las administraciones locales que cumplieron con todos los indicadores de saneamiento: remanente de tesorería, ahorro neto y endeudamiento a largo plazo. Precisamente, 59 de los ayuntamientos auditados cumplieron el remanente de tesorería (frente a los 56 de 2008); 8 el ahorro neto (10 en 2008), y 70 el endeudamiento a largo plazo (78 en 2008). En cuanto a los condicionantes de la cuantía de libre disposición, 68 ayuntamientos cumplieron la gestión recaudatoria (63 en 2008), y 80 el esfuerzo fiscal, frente a los 79 de 2008.