La Zona Especial Canaria (ZEC) confía en que el Ministerio de Economía y Hacienda avalará sus actuaciones tras conocer el contenido de un primer informe -provisional- de la Intervención General del Estado que es favorable "en términos generales" a su desempeño. El pronunciamiento definitivo debe efectuarse "en cualquier momento", prevé el presidente del organismo, Juan Alberto Martín.

Como se recordará, la Comisión Europea (CE) rechazó el pasado mes de octubre la tramitación en el Congreso de una reforma al Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) sin su autorización a raíz de una proposición de ley de Coalición Canaria (CC) y que originó, a su vez, una denuncia ante Bruselas, que ordenó entonces a España que informara sobre la ZEC.

A continuación, la Intervención General del Estado inició una investigación en el organismo canario para verificar supuestas irregularidades, como gastos sin justificar, sueldos excesivos y la autorización a ciertas empresas para instalarse en su ámbito sin cumplir la normativa comunitaria.

En líneas generales, ese primer informe de la inspección critica "pequeños aspectos" de procedimiento, pero "no va más allá de situaciones que se presentan en todas las administraciones de las Islas y reconoce que todo está controlado, pese a los problemas detectados", explica Martín.

Según Martín, el informe de los interventores "casi es una felicitación" a la ZEC por la reducción de los gastos en un 40% desde su nombramiento al frente del organismo. Además, la propia ZEC elaboró un informe para "desmontar punto por punto" los hechos incluidos en la denuncia "que el Ministerio terminó haciendo suyo".

La denuncia fue "una cosa artificial, llena de mentiras, falsedades y medias verdades", asegura Martín. "Tenía muchos disparates". "Estaba hecha con muy mala idea, con el ánimo de hacer daño y, en algún caso, da la impresión de que fue formulada por gente que no tiene ni idea del asunto".

La ZEC, como todo el REF, entra en las llamadas ayudas de estado, por lo que necesita la autorización de Bruselas para modificarla, recuerda Martín. Con la proposición de CC "se querían cambiar algunas de los aspectos de esas ayudas, pero la denuncia decía que la ZEC intentaba engañar a la CE", puntualiza. "La proposición salió del Ministerio el 4 de este mes para que se pronuncie la UE a fin de que la autorice o rechace, por lo que ese argumento era falso".

Sobre los sueldos de sus directivos, Martín defiende que su cuantía está autorizada por la Secretaría de Estado, igual que el de los máximos responsables, por lo que niega que estuvieran sin justificar. Respecto a la supuesta competencia desleal que estarían ejerciendo ciertas empresas, Martín recalca que el Estado "hizo suyo" el alegato del organismo canario, que apuntó que las actividades desarrolladas están recogidas en el decreto del propio Ministerio que regula el ente isleño.

La ZEC estudia la posibilidad de acudir a la Justicia si el informe definitivo de Bruselas asume sus argumentos "porque en la denuncia se decían cosas muy fuertes", justifica Martín.