Coalición Canaria (CC) lo tiene claro: el respaldo que en octubre ofreció el Partido Popular (PP) -tras la ruptura del pacto de gobierno- para sacar adelante las iniciativas legislativas del Ejecutivo que habían impulsado ambos antes de esa fecha es más bien endeble. Y más débil aun ve la posibilidad de alcanzar acuerdos para sacar adelante los proyectos de ley aprobados después de la ruptura entre ambas formaciones políticas. Por eso, de las ocho iniciativas legislativas que la Administración tramita ahora mismo en el Parlamento, CC abandona cuatro que, previsiblemente, dejará morir sin más.

En todo caso, para los cuatro proyectos de ley que intentará aprobar antes del final de legislatura, CC cuenta con el respaldo de los populares , así como con el rechazo casi frontal del Partido Socialista Canario (PSC), que sólo parece dispuesto a apoyar las iniciativas de autoría compartida con nacionalistas y conservadores.

Es el caso de la Ley del Impuesto sobre las labores del tabaco y otras medidas tributarias, que obtendrá, previsiblemente, el respaldo unánime de la Cámara en el pleno de la próxima semana. Pero los nacionalistas sólo se apoyarán en el PP para sacar adelante la proposición de ley que modifica la norma regional que regula el sector eléctrico, medida a la que los socialistas siempre se han opuesto.

El PSC tampoco tiene previsto respaldar el proyecto de ley que busca modificar el Servicio Canario de Empleo (SCE) ni el que servirá para poner en marcha la regulación de las actividades clasificadas y espectáculos públicos que CC espera aprobar en el primer pleno de febrero. Los socialistas presentaron enmiendas a ambos textos.

Por otra parte, resulta llamativa la confianza casi absoluta que tienen los nacionalistas en que el PSC respaldará el proyecto de ley por el que el Gobierno prevé modificar la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, sobre la que el Estado denunció aspectos constitucionales y que ahora analiza el Tribunal Constitucional.

Para evitar que el asunto vaya a más, el Gobierno de Canarias quiere cambiar los artículos en conflicto, pero los socialistas estiman que el Ejecutivo se ha "excedido" en la reforma y no garantiza su apoyo. "Sería paradójico que el PSC se eche para atrás cuando el objetivo de la iniciativa parlamentaria es adecuar el texto a las exigencias del Ejecutivo central", ironizan los nacionalistas.

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"Prioridad" versus viabilidad

La falta de respaldo para sacar adelante las leyes del Ejecutivo nacionalista es lo que explica que iniciativas que en su momento la Administración defendió a capa y espada ahora ya no sean una "prioridad". Es el caso, por ejemplo, del controvertido proyecto de ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias. También dejaron de ser importantes para el Gobierno regional iniciativas como la ley de Calidad Alimentaria de Canarias o la de Sanidad de Canarias, de la que el nuevo titular de este departamento, Fernando Bañolas, se ha desmarcado, pese al interés que puso su antecesora en el cargo por dejarla aprobada en esta legislatura, Mercedes Roldós. La puesta en marcha de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información tampoco cuenta con el beneplácito de populares ni socialistas, que ven en su creación un derroche de recursos, cuando el discurso que se impone -en buena medida ajustado a las necesidades preelectorales- es el del desmantelamiento de organismos y entes públicos.

Por otra parte, CC ve "improbable" que salgan adelante tres proposiciones de ley de los socialistas -la que modifica el estatuto del Diputado del Común, de los miembros del Consejo Consultivo de Canarias (CCC), del ente de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) y de los auditores de la Audiencia de Canarias; la reforma del sistema electoral y la modificación de la Ley de la Radiodifusión y Televisión de la Comunidad Autónoma-. En cambio, espera su apoyo para otras tres -otra sobre la RTVC; una acerca del CCC y la que cambiará la ley de Ordenación de la actividad comercial-.