La diputada regional del grupo Socialista Eulalia Guerra de Paz denunció hoy la "falta de diálogo" de la Consejería de Presidencia y Justicia con los operadores jurídicos, lo que a su juicio revela la situación generalizada de desconcierto y protestas por la demora en la asignación de abogado en la Justicia gratuita.

Guerra de Paz indica en un comunicado que no sólo la aplicación informática Atlante II "está causando perjuicio a la Administración de Justicia, sino también el modo como se está gestionando el turno de oficio, situación de la que es responsable, en última instancia, la Consejería que dirige José Miguel Ruano".

Para la representante socialista, "otro importante problema está en el reiterado impago de los turnos de oficio por parte de la Consejería a los colegios de abogados para que éstos abonen sus honorarios a estos profesionales".

Explica que el retraso se debe a que no han cobrado el segundo trimestre del año, "pese a lo cual han continuado desarrollando su labor".

Eulalia Guerra subraya que este colectivo no está de acuerdo con las modificaciones que se han llevado a cabo dentro de la organización del turno de oficio, que han llevado a la eliminación de varias guardias específicas, como son extranjería y violencia de género.

"Respecto a violencia de género, fue un éxito conseguir una guardia específica que, como tal, ha desaparecido, lo que ha provocado una crítica generalizada en algunos partidos judiciales de la provincia de Las Palmas", afirma la diputada, que insiste en que a esta situación se ha llegado por la "falta de diálogo" de la Consejería.

"El Gobierno de Canarias no escucha y emplea siempre la misma técnica: despreciar a quienes hacen la crítica, creyendo que con eso desaparece el problema", expresa la diputada, quien considera "necesario" que el consejero "sea capaz de afrontarlo de una vez por todas".

Afirma también que el derecho a la Justicia "se vuelve especialmente importante en estos tiempos difíciles, debido a los problemas con que se tropiezan los ciudadanos para poder contratar a un abogado particular".