El grupo parlamentario socialista no logró este miércoles el respaldo del pleno del Parlamento de Canarias a su enmienda a la totalidad para que se devuelva al Gobierno el Proyecto de ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, por lo que el texto continúa su tramitación. El diputado del PSOE, Julio Cruz, defendió que el texto es centralizador y cuenta con el rechazo de los siete cabildos.

El consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, por su parte aseguró que el nuevo texto simplificará los trámites administrativos e incluye los procedimientos electrónicos. "Frente a un único procedimiento en el nuevo texto se parte de una pluralidad de procedimientos dependiendo del tipo de actividad", señaló para añadir que "ahora se parte de un modelo de autorización previa y el de autorización administrativa".

El consejero señaló que la nueva ley parte de un procedimiento de plazos cortos que es a nivel general de tres meses y de cinco si interviene el Cabildo. Además añadió que se contempla el silencio administrativo positivo, "vinculado a los derechos de la ciudadanía".

Ruano mantuvo su compromiso de seguir trabajando con los cabildos "para hacer posible que el reglamento que desarrolle la norma responda a los principios inspiradores que no cambian una administración por otra, sino que establece un modelo donde el ciudadano es el protagonista de la actividad económica". "Se establecen una serie de garantías para que se produzcan en un marco adecuado", apostilló.

En este punto pidió a los grupos parlamentarios que modifiquen un artículo que establece que el Gobierno puede intervenir en algunos procedimientos. "No es intención del Gobierno", dijo. De igual forma, Ruano insistió en que el texto "no es un problema de competencias con los cabildos, en su caso, contemplamos procedimientos más ágiles". Expuso que se había trasladado el texto a los municipios, y los sectores económicos y sociales. Por ello insistió que establece un modelo "distinto y adaptado a la modernidad".

Por último, el consejero recordó que serán los ayuntamientos quienes determinen si pueden sumarse a este nuevo modelo "si disponen de la estructura necesaria" para ello y si no es así serán apoyados por los cabildos.

FALTA DE CONSENSO

El diputado del PSOE Julio Cruz explicó que es necesaria la adecuación normativa a la Directiva de Servicios y también "para agilizar" la actividad económica. Planteó que el Proyecto de ley debe estar impregnado por el consenso entre las administraciones, cabildos y ayuntamientos. "Sorprende como carece de consenso social y político", aseguró.

"La falta de consenso es atronadora", insistió al tiempo que afirmó que los cabildos "desconfían" del texto. "Se oponen a su tramitación", repitió. Recordó aquí la comisión de cabildos celebrada en el Parlamento de Canarias el pasado mes de abril y citó que algunos presidentes hablaron de que era "simplista" o dejaba desnudos de competencias a las corporaciones insulares.

Cruz se sumó a las críticas de los presidentes insulares y aseguró que "está en contra del proyecto porque no conoce Canarias, la situación administrativa y la falta de personal". "Ha intentado eludir esa situación y otra cosa es lo que dice la letra de la ley", subrayó para recalcar la falta de personal de los municipios.

En cuanto al cambio de modelo, el diputado socialista planteó que "el Gobierno no da ejemplo de desarrollo reglamentario" y subrayó que pasa con prácticamente todas las leyes aprobadas en el Parlamento. "Estamos ante un proyecto centralizador, que deslegaliza y deja en manos del Gobierno establecer los regímenes entre administraciones y no tiene en cuenta a las que han llevado a cabo las actividades clasificadas", argumentó.

Aquí abogó por la lealtad institucional. "Todos le cabildos piden que el proyecto sea retirado y ante una posición tan unánime nos oponemos", dijo para concluir que el texto debe ser devuelto para que así el Gobierno pueda consensuar y pactar con cabildos y ayuntamientos.

CAMBIO DE MODELO

El presidente del grupo parlamentario de CC, José Miguel González, rechazó la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE. Aseguró que los socialistas no habían entendido que se trata de un cambio de modelo. El nacionalista defendió que con este nuevo texto se mejora la situación y rechazó que la falta de desarrollo reglamentario paralice la actividad económica porque para eso están las disposiciones transitorias. González concluyó que ahora se pone al ciudadano en el centro de la actividad económica.

Por su parte, el diputado del PP, Miguel Jorge, recordó que la Directiva europea es "clara" en lo que se refiere a "demoler obstáculos, que hoy no se sostienen". Planteó que la actual es una ley propia del siglo XX "que hizo su función, pero que no se suma al presente". De este modo defendió que con el nuevo texto se agilizará la tramitación administrativa.

Jorge añadió que se potencian además los mecanismos de control. "Es un cambio de cultura entre las relaciones entre la administración y ciudadanos, donde la primera actúa de manera vigilante y considera a los segundos como adultos", asumió. Resumió que el proyecto ha sido "muy participativo" y recordó que los cabildos también han participado.

El popular finalizó diciéndole a Ruano que la ley necesita un desarrollo reglamentario "paralelo" a su aprobación y exigió que éste no sea una "involución en la norma". "Sea ambicioso y profundice en la liberalización porque los comerciantes se lo agradecerán", zanjó.