Los grupos con representación en el Parlamento de Canarias aprobaron ayer una enmienda transaccional al dictamen sobre el Proyecto de Ley de los Juegos y Apuestas que está en tramitación por el cual el Gobierno regional deberá informar "periódicamente" a la Cámara Legislativa sobre la relación entre el juego y la ludopatía en el Archipiélago.
La Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico dio su visto bueno -con los votos favorables de CC y PP y la abstención del PSOE- al documento que se debatirá para su aprobación definitiva en el próximo pleno.
El portavoz del grupo socialista, Francisco Hernández Spínola, explicó que su enmienda pretendía que el Ejecutivo remitiese al Parlamento un informe sobre la "incidencia" del juego en la ludapatía. "Queremos hacernos eco de la sensibilidad social con esta enfermedad", subrayó, para decir que le parece "razonable" que el texto tuviese una periodicidad anual. "El Gobierno de Canarias remitirá anualmente al Parlamento un informe sobre la relación, efectos y repercusiones de los juegos y apuestas en Canarias y la ludopatía", señalaba la enmienda.
Ante esto, el presidente del grupo de Coalición Canaria, José Miguel González, aceptó la propuesta, pero matizó que mejor que anualmente debería señalarse "periódicamente". "La periodicidad anual del informe es excesiva", propuso, cuestión que fue aceptada por los socialistas.
El PSOE también defendió una segunda enmienda al texto para que en los establecimientos de restauración el número máximo de máquinas recreativas a instalar no exceda de dos máquinas del tipo A y/o B, y una máquina del tipo A especial. Explicó Hernández Spínola que su iniciativa nace a raíz de las reclamaciones del sector y subrayó que no incluir esta precisión supondría la desaparición de unas 80 empresas y unos 300 puestos de trabajo.
González insistió en que la limitación debía mantenerse en dos, pero aceptó que pueda darse la opción de que se escoja. "Dos máquinas en todo caso", aclaró.
Hernández Spínola explicó que su grupo se iba a abstener en la votación. Detalló que su posición se debía a que "es un proyecto que contempla una parte que es necesaria porque busca trasponer las directivas UE".